Ayer se volvió a abrir una nueva instancia judicial contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en este caso por el presunto delito de blanqueo de dinero dentro de la operación anticorrupción Lava Jato.
Detenido desde hace siete meses en Curitiba, condenado con menos pruebas que convicciones, ahora fue denunciado frente a la justicia federal de Sao Paulo.
Según el Ministerio Público Federal paulista, el exdirigente sindical “usufructuando de su prestigio internacional”, influenció decisiones del jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en favor del grupo brasileño ARG para que realice negocios en el país africano.
Para los fiscales, en pago de esos servicios recibió unos 250 mil dólares como donación para el Instituto Lula de parte de la empresa. Los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2011 y junio de 2012.
El Instituto, que no tiene fines de lucro, asegura que todas las donaciones “son legales, declaradas, registradas, se pagaron los impuestos debidos y fueron usadas en las actividades del Instituto y nunca tuvieron ningún tipo de contrapartida”, manifestaron.
La condena por corrupción pasiva a 12 años de prisión fue imprescindible para que Lula no se presentara a las elecciones y eso permitió la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro, quien rápidamente prometió el ministerio de Justicia al juez que persiguió judicialmente al expresidente, Sergio Moro.
Para la defensa de Lula no se trata de otra cosa que una “cacería judicial”.