El parlamentario andino y miembro del buró de la Revolución Ciudadana recordó que con el decreto-ley de Quiebras, que no pasó la revisión de la Corte, Lasso buscó atropellar derechos de trabajadores.
El gobierno de Guillermo Lasso tiene varios candidatos, comenta Virgilio Hernández, y destaca una particularidad en esta contienda electoral: de los ocho binomios, uno solo se corresponde a un movimiento. Así, solo uno, la Revolución Ciudadana (RC5), puede hacerse cargo de sus candidatos; en el resto de casos o ellos arrendaron un movimiento o lo contrario.
También, Virgilio Hernández, exasambleísta, parlamentario andino y miembro del buró de la RC5, analizó a los rivales de Luisa González. Varios, dijo, han sido corresponsables del gobierno de Lasso, «que no se nos quieran mover de la foto».
Así, de Otto Sonnenholzner recordó que abandonó la Vicepresidencia de la República en el momento más duro, en plena pandemia (por la covid-19). De Fernando Villavicencio pidió no olvidar que fue abogado defensor ad honorem de Lasso en la Comisión de Fiscalización, hasta el 17 de mayo, cuando se presentó el decreto de la muerte cruzada.
«Existían votos en su comisión para que se resuelva favorablemente sobre el juicio político contra Lasso, cinco de nueve votos. Pero ahora se nos quiere presentar como crítico del desastre que vivimos», apuntó Hernández.
Asimismo -anotó- que se requiere poner al Estado al servicio de quienes más necesitan; gobernantes preocupados por los intereses del país y no de su cuñado (en relación con Danilo Carrera) y un pequeño grupo. Le parece urgente que empiece a funcionar lo básica como entrega de medicinas en hospitales, que haya preocupación por la educación pública, que se designe a funcionarios competentes para seguridad.
Otra reflexión de Virgilio Hernández fue que, «siempre será un mal matrimonio, cuando las élites económicas quieren además tener poder político». Esto porque actúan con una lógica oligárquica y pretenden que con ese poder político se acreciente su poder económico.
Con esa lógica -apunta- se explican los asesores ad honorem, personas con intereses económicos. Es lo que hemos vivido.
El papel de la Corte Constitucional
Sobre los decretos-ley, enviados por Lasso y rechazados, Virgilio Hernández señaló que la Corte Constitucional ha hecho lo que le corresponde. Y ha dejado en evidencia cómo el Gobierno asume los asuntos más trascendentes del país. «Es vergonzoso, pero la Corte le ha pedido justificar la urgencia económica. Hay una ignorancia grande, lo que hacen el Presidente y sus funcionarios es confundir. Tiene la prerrogativa y potestad de enviar proyectos, pero todo debe ser fundamentado».
En cuanto al decreto Ley de Quiebras, rechazado por la Corte, subraya que con un proyecto así, basícamente Guillermo Lasso buscaba mantener las normas excepcionales que se hicieron a propósito del covid (Ley Humanitaria). En una situación de quiebra, en la que puede ocurrir una crisis -dice- querían proteger el interés y los cobros de la banca, sacrificando los intereses de los trabajadores. «Estamos hablando de sus haberes, liquidaciones, se les obligaba a negociar y si se levantaban de la mesa, les ponían al final de los perjudicados».
Sobre Raisa Vulgarín, candidata a asambleísta suplente por la Revolución Ciudadana y vinculada al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Hernández comentó: «es importante que esas investigaciones. El presidente Petro ha dicho que respetará la independencia de la justicia y que espera que exista el debido proceso». Pero también advirtió que en Colombia se busca un motivo para desestabilizar y generar dudas sobre la administración de Petro.
Sin embargo, en cuanto a Vulgarín dice que la investigación debe llevarse adelante. «Entiendo que la persona que se menciona es alterna de alguna de nuestras listas. No ejercería funciones cobijada por la inmunidad parlamentaria y debe exigirse presunción de inocencia y debido proceso».
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