El informe de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, concluye que el Gobierno Nacional nunca tuvo intención de llegar a un diálogo con el movimiento indígena.
Punto Noticias. El informe de INREDH ha hecho un recorrido sobre los hechos que se suscitaron durante el paro y detalla cómo el Gobierno mientras hacía un llamado a la “paz” se alistaba para equiparse con material no letal para reprimir la protesta.
Parte de ese material buscaba controlar las movilizaciones sociales que según el Gobierno Nacional habían escalado a niveles de violencia no registrados en los últimos años. Por tanto, declaraciones como que las movilizaciones junto a las organizaciones indígenas, sociales, de estudiantes, maestros, sociedad civil y hasta los paramédicos habrían sido financiados por parte del narcotráfico, empiezan a ser divulgadas para justificar las vulneraciones de DD.HH..
La Alianza de Organizaciones por los DD.HH., ha revelado que hubo más de 70 vulneraciones de derechos durante el paro según su último informe con corte al 28 de junio. Y si bien el equipamiento antimotines que ha solicitado el Gobierno es “común” para responder contra los manifestantes. El contexto en que se dió esta solicitud es cuestionable, así lo señala la experta en seguridad Carla Álvarez, que resalta que es complejo poder avanzar con un diálogo cuando anulas completamente a tu contraparte.
La experta señala que si bien es un equipamiento que la mayoría de los Gobiernos posee para dispersar las movilizaciones y que además no tiene una regulación nacional o internacional en su uso. Esta acción develaría la poca intención que las autoridades han mostrado para profundizar en un diálogo.
Además, señala que como indica su descripción, este tipo de equipamiento no busca generar la muerte de una persona, ya que se trata de material no letal. De tal manera, que el mal uso de este equipamiento puede generar más violencia y lastimosamente, hasta causar la muerte de una persona como fue lo que registró durante el paro y es lo que evidencia también el informe de INREDH.
Los pertrechos que el gobierno ordenó para reprimir la protesta social fueron los siguientes:
Para Álvarez, el Gobierno ha implementado diferentes tipos de violencia durante las protestas sociales. Una de esas es la violencia directa, asimismo, la estructural que niega las necesidades de la población y finalmente, la estructural que promueve los discursos que criminalizan la protesta social. Por tanto, concluye que las respuestas desproporcionadas del Gobierno lo alejan de una salida pacífica.
«Nos miraron a los ojos, nos llamaron alcahuetes y nos empezaron a atacar»
Diferentes grupos de paramédicos autoconvocados fueron parte de esta jornada de movilizaciones, quienes asistieron a los miles de manifestantes que fueron agredidos en el contexto del paro. En su mayoría los relatos señalan los excesos registrados por parte de la policía nacional.
Muchos de esos relatos que se han convertido en denuncias y que han sido registradas en grabaciones viralizadas en redes sociales, afirman los ataques a ciudadanos, socorristas y manifestantes como niñas y mujeres que se refugiaban en los centros de paz. Principalmente, por la caída de bombas lacrimógenas.
Una de esas historias es la de Cecilia Medina, socorrista, que estuvo al pie del cañón desde el primer día de las protestas. Asegura que la respuesta de la policía contra los manifestantes y socorristas fue brutal pese haber señalado que eran parte de las brigadas médicas.
Cecilia cuenta haber asistido a personas mayormente con asfixia, también colaboró en extracción de personas para revisión ya que tenían varios golpes, también se hicieron revisiones a personas con posibles fracturas por caídas y de presuntos casos de COVID 19. Así mismo, se realizaron suturas bases y se asistió a personas en los lugares denominados “fríos”, lejos de los puntos de conflictos.
Patricio Guerrón, socorrista y rescatista, asegura que se asistieron a manifestantes con heridas de perdigones, se han realizado análisis de agresiones a corta distancia, ese el caso de Henry Quesada, víctima mortal del paro, quien recibió disparos directos con perdigones. Señala que lugares como el parque el Arbolito, la Universidad Central y la parroquia de Cutuglagua fueron escenarios de fuertes agresiones.
Igualmente, señala que el uso de las granadas causaron mayores afectaciones respiratorias principalmente a manifestantes que ya padecían de algún problema respiratorio previo, según el rescatista que también pudo asistir a los manifestantes de las protestas sociales del 2019, estos elementos causaron mayores afectaciones a los manifestaciones.
El informe de INREDH además profundiza en las denuncias de detenciones arbitrarias, el seguimiento de esos casos. Así mismo, profundiza el contexto de algunas de las muertes de manifestantes.
La publicación del informe tiene lugar en medio de las acusaciones por parte del Gobierno contra la protesta social, ya que insiste en que las manifestaciones habrían sido financiadas por el narcotráfico y en donde se habrían gastado cerca de 20 millones. Recientemente las autoridades han cuestionado de igual menera, las donaciones de voluntarios durante el paro nacional. Hasta el momento el Ejecutivo no ha presentado pruebas y ha solicitado que se abran investigaciones.