La Universidad San Francisco de Quito llevó a cabo la Tercera edición del Concurso de Litigio ante el Sistema Universal de Derechos Humanos (S.U.D.H.), en el que participaron estudiantes de varias universidades a nivel nacional.
Yanitza Sánchez, abogada de la Unidad de Gestión de Movilidad Humana (UGMH) del Gobierno de Pichincha, fue una de las invitadas para colaborar como miembro del Comité en las rondas preliminares y como jueza de evaluación de los memoriales escritos.
Este concurso se encuentra dirigido a estudiantes con interés en el área de Derechos Humanos y estuvo organizado alrededor de un caso hipotético que refleja una temática actual que se encuentra en debate en la región: la migración.
Las simulaciones de litigio son uno de los mejores mecanismos para que los estudiantes practiquen lo aprendido en sus clases de Derecho, así lo destacó Martina Rápido, coordinadora de proyecto del colegio de Jurisprudencia y coordinadora del concurso. “Estamos hablando de futuros abogados y eso les permite desarrollar sus habilidades orales, sus habilidades de investigación, de trabajo en equipo y de conocimiento de estándares internacionales”, enfatizó.
Los nombre de quienes conforman los tribunales de las rondas orales son personas comprometidas con los derechos humanos y que han estado trabajando de cerca el tema migración; “en tal sentido, y dado que la abogada Sánchez -en su día a día- se relaciona con personas en situación de movilidad humana; y, debido a que conocemos su trayectoria nos pareció una persona clave en estos tribunales”.
Yanitza Sánchez se recibió de abogada en la Universidad Oscar Lucero Moya (Holguín-Cuba) y desde hace 3 años tiene a su cargo el área de lo legal en la UGMH.
A criterio de Sánchez, este acercamiento entre la Academia y las instituciones del Estado marcan un hito importante frente a la realidad migratoria que estamos viviendo. “Ecuador se configura como un país de destino, de tránsito, de migrantes retornados; de ahí la importancia de la participación coordinada entre Academia e instituciones del Estado para proteger los derechos de las personas en situación de movilidad humana”.
Por otra parte, Álvaro Botero, miembro del Comité de protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias de Naciones Unidas y miembro de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, autor el autor del caso hipotético del Concurso y uno de los seis jueces de la ronda final, brindó un conversatorio.
El Comisionado analizó la situación migratoria global, las políticas adoptadas por las naciones y aplaudió el hecho de que “no haya habido un cierre de las fronteras frente al proceso migratorio venezolano”; no obstante, subrayó la necesidad de “habilitar una respuesta compartida de los Estados y no solamente como respuesta de Estados individuales”.
Botero considera que el gran desafío de proteger los derechos de los migrantes está a nivel local ya que es el primer ámbito de acción e interacción. “Todo lo que se pueda hacer en la lucha contra la discriminación, contra la xenofobia, en políticas sociales, en integración –quizá- el rol más importante lo tienen los gobiernos locales; de ahí que se valora el trabajo que desarrolla la Unidad de Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha”, expresó.
Nota elaborada por Baby Bustamante – Gobierno de Pichincha