Equipamiento de policías, compra de patrulleros y mantenimiento de UPC siguen sin ser una prioridad para el Gobierno.
El Ministerio del Interior ha enfrentado críticas por su baja ejecución presupuestaria en el primer semestre del año, utilizando apenas el 8.8% de los USD 96.9 millones asignados para combatir la creciente inseguridad en Ecuador. Esta entidad, encargada de la seguridad pública, ha sido señalada; es la que menos ha utilizado sus recursos, a pesar de la alarmante situación que expone la falta de equipamiento y protección para la fuerza policial.
Eso se traduce en la desigualdad de condiciones que tienen los policías para enfrentar a la delincuencia, algo que ha dejado al menos 40 policías asesinados solo en lo que va de 2023. Las estadísticas son alarmantes: en el 2021 se reportaron 13 casos de policías asesinados, pero la cifra se disparó en 2022, con 62 uniformados asesinados.
Mientras que en lo que va de este 2023, 48 elementos de la Policía Nacional murieron por diferentes causas; de este número, 27 fueron asesinados.
El ministro del Interior, Juan Zapata, asegura que el presupuesto se utilizará para adquirir el equipamiento necesario para la Policía Nacional en los próximos meses. Sin embargo, existen promesas pendientes, como la entrega de nuevos patrulleros, cuya fecha se ha pospuesto para finales de agosto, con el objetivo de evitar que los propios miembros de la fuerza pública empujen sus patrullas, hechos que han quedado documentados en videos difundidos en redes sociales.
Esta nota es bien de los 80s. Policías empujando sus unidades y dicen que todo va viento en popa 🤦♂️😢🤬 pic.twitter.com/ive30IvMJl
— Dante 🇪🇨⚽️🏆 (@justDant_) September 28, 2022
Además se espera el mantenimiento de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), la construcción de 26 cuarteles intermedios en las provincias más violentas del Ecuador, con una inversión calculada de USD 170 millones. Estas instalaciones brindarían a los agentes un espacio de descanso, ya que actualmente se ven obligados a dormir en áreas proporcionadas por el sector privado o los municipios.
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