De otro lado advirtió que podría existir injerencia externa para sostener al mandatario en el cargo.
El jurista Carlos Poveda señaló que no existen causales para que el presidente de la República, Guillermo Lasso, invoque la muerte cruzada. Esto frente a la posibilidad de que la Corte Constitucional admita el juicio político en su contra.
Explicó que el artículo 148 dispone que el mandatario podrá disolver la Asamblea Nacional justificándose en una de tres causales
- Cuando a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC).
- Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- Por grave crisis política y conmoción interna
El abogado detalló que el Parlamento no se ha arrogado funciones, tampoco ha obstruido el Plan de Trabajo del Gobierno, pues incluso, tal ejecución no depende de las decisiones de los asambleístas y tampoco existe grave crisis política, a menos que el régimen decida darse un autogolpe y reconozca los actos de corrupción que provocaron la conmoción interna.
Además Carlos Poveda mencionó que existe un vacío constitucional pues si bien se pueden activar los dos mecanismos, el juicio político y la muerte cruzada, no debería analizarse el segundo, sin haberse solventado el primer proceso.
“Deberíamos esperar la decisión del uno para decidir el otro, porque podría leerse como si se tratara de una venganza para impedir el juicio político”.
Juicio político
Poveda explicó que tras el proyecto de dictamen, presentado por la jueza Teresa Nuques, que solo alcanzó tres votos, ahora se espera una nueva resolución de los magistrados Ricardo Ortiz y Ali Lozada para conocer cuál será el futuro del mandatario.
Puntualizó la posibilidad de dos escenarios:
- El primero en el que los jueces, estén a favor de la inadmisibilidad, pero no concuerden con las motivaciones de Nuques, y
- El segundo que se prepare un informe donde sí se admita la solicitud de juicio político.
Resaltó que el juicio político es una atribución de la Asamblea Nacional en un ejercicio de democracia directa y de fiscalización: “No rompe la institucionalidad democrática sino que hacen uso de sus facultades”.
De otro lado, aseveró que de darse paso al proceso podría darse una injerencia externa, pues la política de Ecuador es de interés regional y del mismo Estados Unidos que ha estado inmerso en el Gobierno desde la administración de Lenín Moreno.