Ricardo Rivas, hermano de Paul, reclamó porque la justicia no puede depender del Gobierno de turno, también por las promesas incumplidas de los políticos.
Punto Noticias. “¡Por Paúl, Javier y Efraín nadie se cansa!”. El inabarcable grito regresó al Centro Histórico, cinco años después del secuestro y desaparición de los tres periodistas de El Comercio. Llegó frente al silencio estatal y a la impunidad.
Con las cadenas en el cuello y la credencial de prensa de su hijo, Galo Ortega no ha descansado un solo día desde que el 26 de marzo de 2018, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra fueron secuestrados en la frontera norte, en una cobertura sobre el conflicto armado. Casi un mes después, en abril de ese año, fueron asesinados.
Ricardo Rivas, hermano de Paul, reclamó porque la justicia no puede depender del Gobierno de turno, también por las promesas incumplidas de los políticos.
🔴#ATENCIÓN |🗣“Aquí está sobre la calzada estos féretros vacíos, vacíos como sus respuestas, vacíos como la presencia del estado en tema de derechos humanos”, menciona Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas. pic.twitter.com/HMY6DYhOmu
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) March 27, 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe con 32 recomendaciones, entre ellas, que la Fiscalía investigue a los involucrados, de todo nivel de Gobierno, y que se desclasifique toda la información reservada del caso, pero hasta ahora nada se ha cumplido.
En septiembre de 2021, Guillermo Lasso dijo que estaba a favor de que se desclasificar esta información. Para junio de 2022, en una entrevista con CNN sostuvo: “Me comprometo a desclasificar la información, a colocar ese punto en el orden del día de la siguiente sesión del Consejo de Seguridad”.
Varias sesiones del Consejo pasaron después del anuncio presidencial. Y como dicen los familiares, ha sido una promesa vacía, una promesa incumplida, una burla para ellos.
El incansable grito de Nos Faltan Tres es también por los miles de desaparecidos, las víctimas de femicidios y asesinados. El Estado no ha podido garantizar su seguridad ni una investigación diligente.
Como el caso de Samuel Chambers, el joven asesinado en Guápulo en 2018; y como la historia de David Romo, quien en mayo cumplirá 10 años desaparecido.