“Como era en los años noventa, el pueblo sufre las consecuencias y los acreedores si reciben su plata”, reprochó
Punto Noticias. Andrés Aráuz, integrante del Observatorio de la Dolarización, criticó que esta la renegociación de la deuda que anunció el Gobierno esté acompañada de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “En el primer acuerdo con el FMI el Gobierno dejó algunas tareas incompletas. Ahora, se enfocará en esas tareas como las privatizaciones y recorte del Estado”, afirmó.
Sobre la renegociación, mencionó que esta renegociación se da en medio de la pandemia mundial del COVID-19. “Sobre todo en marzo y abril, los bonos cayeron a valer 20 centavos por dólar. Significa que el país, en ese instante, pudo haber gastado una quinta parte del total del monto de la deuda y con eso no hubiera habido más deuda, si compraba esos papeles en el mercado de valores”, señaló.
Además, indicó que el pago de los bonos 2020, en marzo de este año, tuvo un impacto directo en la vida de los ecuatorianos. “Se debe iniciar acciones por delitos de lesa humanidad porque el Gobierno estuvo consiente del pago que se hizo, priorizando a los tenedores y no a los ecuatorianos”, agregó.
El economista manifestó que hubo dos acciones de corto plazo que tomó el Gobierno con esta operación: diferir intereses que se tenía que pagar entre abril y agosto de este año y, segundo, un pago de capital que se tenía que hacer en 2022. “Pese a que el Gobierno ya no tuvo que pagar intereses, aun así se atrasó en el pago de sueldos, a becarios, universidades, trabajadores y proveedores de Estados, Seguridad Social y Gobierno locales. “Como era en los años noventa, el pueblo sufre las consecuencias y los acreedores si reciben su plata”, mencionó.
Con respecto al acuerdo con el FMI, Arauz mencionó que se vendría una ola de privatizaciones, despidos y, sobre todo, buscarán las reformas financieras que las intentaron hacer en noviembre de 2019, pero que fueron archivada.
A su criterio, el Gobierno debería acudir a las fuentes internas del país para poder solventar las necesidades derivadas de la pandemia del COVID-19.
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