El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Guayaquil deberá resolver la controversia.
Punto Noticias.- Un informe pericial determinó que Petroecuador le debería cancelar a Odebrecht más de USD 180 millones como indemnización por haber declarado la terminación unilateral del contrato para la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Esta controversia es analizada en la audiencia de juicio convocada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Guayaquil que se instaló a las 09:00 de este martes 14 de enero.
La obra fue adjudicada a la empresa brasileña por USD 369,9 millones en octubre de 2013 y cuestionada por sobreprecios, sobornos y fallas en su construcción.
En los más de USD 180 millones demandados por daños y perjuicios, la compañía incluye USD 50 millones por planillas impagas y USD 39 millones por la terminación y resolución del contrato, lo que suma USD 89 millones. Sin embargo, la perita contable, acreditada al Consejo de la Judicatura, agregó USD 75,4 millones, de los cuales USD 6,6 corresponden a los intereses por las planillas y USD 68,8 millones por la utilidad que la contratista habría dejado de ganar al haber quedado inhabilitada como proveedor del Estado.
La cifra de la demanda, calculada a febrero de 2018, suma USD 164 millones. Pero, a febrero de 2020, el monto con intereses sobrepasaría los USD 180 millones.
El jurista Efraín Pérez Camacho, director de la Corporación de Estudios Estade, organización que asumió la defensa de Petroecuador desde el pasado 27 de diciembre, prefirió mantener la cláusula de confidencialidad.
Esa fecha, Petroecuador y Estade firmaron un contrato por USD 400 mil para la asesoría y patrocinio legal en este proceso que se tramita desde el 9 de marzo de 2018 en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Guayaquil.
Según Petroecuador, el proceso merece una dedicación exclusiva, no solo por el volumen (21 mil páginas), sino porque se correría el riesgo de perder el juicio.
El peligro aumenta en los tribunales distritales de Guayaquil, en los que la constructora ha ganado total o parcialmente el 79% de las demandas planteadas.
En el juicio actual por la terminación del contrato del poliducto Pascuales-Cuenca, Odebrecht alegó que el proceso se desarrolle en Guayaquil, sede que señaló como su domicilio y que prevaleció ante los reclamos de Petroecuador que buscaba que el juicio se ventilara en Quito, debido a que al Tribunal Distrital 1 le competiría la sede judicial.
La semana pasada, en un comunicado, Petroecuador indicó que el impasse con Odebrecht debe ser resuelto de manera imparcial por las instancias correspondientes.
En ese documento explicó que dejó de pagar las planillas del poliducto desde octubre de 2015, sin embargo, añadió que la compañía terminó la obra y la entregó en febrero de 2017.
Odebrecht ha presentado 75 pruebas a su favor, entre ellas oficios que habría emitido Petroecuador para aumentar presupuestos, planillas pendientes de pago, entre otras. Mientras que, Petroecuador también suma igual número de alegatos que incluyen problemas en el poliducto, fallas en el sistema eléctrico, fisuras en los taludes, entre otros.
Durante la diligencia, Odebrecht insistió en el pago de más de USD 180 millones de dólares por planillas pendientes en esa obra, más daños y perjuicios. Su director regional, Mauricio Cruz, confía en que cobrarán ese monto.
Al procurador judicial de Petroecuador, Marco Prado, le sorprende que la constructora brasileña ahora exija otro rubro cuando fue la constructora la que incumplió una obra que está declarada en emergencia por las múltiples fallas estructurales.
Al respecto, Cruz explicó que las fallas no son responsabilidad de Odebrecht y calificó a las multas impuestas por Petroecuador como ilegales.
Fuente: El Universo, redes sociales