Entre los sospechosos se encuentra el futbolista Gabriel Cortez y tres policías en servicio activo.
Punto Noticias.- La Fiscalía General del Estado señaló que, con base en los elementos presentados, la Jueza de la Unidad Judicial del cantón Esmeraldas llamó a juicio a once procesados –en calidad de autores– por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellos el futbolista profesional Gabriel Cortez y tres policías en servicio activo.
Ellos fueron detenidos el pasado 22 de abril, durante el operativo ‘Poseidón’, ejecutado de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. “En la audiencia preparatoria de juicio, se ratificaron las medidas cautelares que pesan sobre los procesados: seis se encuentran con medidas alternativas y cinco con prisión preventiva”, indicó la Fiscalía.
Y agregó que el Fiscal del caso, de la de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) N°4, presentó varios elementos de convicción. Además, se expusieron los detalles de alrededor de 200 comunicaciones interceptadas, en las que se determina la presunción de la existencia de delitos fines.
El informe de investigaciones, además, en el que se detallan las acciones ejecutadas por esta organización criminal, relacionada con el grupo delictivo Los Tiguerones, indica que estarían involucrados en atentados con artefactos explosivos, asesinatos y tentativas de asesinatos, extorsiones, robos, tenencia y porte de armas de fuego, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, y atentados usando armas, granadas o subatralladoras.
Procesados sentenciados
Fiscalía indicó que formuló cargos –inicialmente– a veinte personas, de las cuales, ocho se sometieron a procedimiento abreviado y fueron sentenciados –el 20 de noviembre– cincuenta y seis meses de pena privativa de libertad. Para Jackson P., además, se declaró la extinción de la acción penal por su fallecimiento.
El delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena va hasta los diez años de privación de libertad.