El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) determinó que el secuestro sufrido en 2005 violó sus derechos humanos y fue discriminatorio por razón de género. Por lo tanto, instaron al Estado mexicano a investigar de manera imparcial, rápida y exhaustiva los hechos ocurridos.
A su vez, instan a que se procese, juzgue y castigue a los responsables de estos hechos y se compense de manera adecuada a la periodistas, además de establecer las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a suceder, pidiendo despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Lydia Cacho había sido detenida el 16 de diciembre en Quintana Roo por un grupo de 10 personas y luego trasladada a Puebla. “El trayecto a Puebla duró aproximadamente 20 horas. A Lydia no se le permitió ingerir alimentos, no se le suministró el medicamento para tratar bronquitis diagnosticada, se le autorizó ir al baño una sola ocasión y realizar una breve llamada a su pareja, no se le permitió dormir. Fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física, durante el trayecto y durante su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla”, expuso Artículo 19, como representante de la defensa de los derechos de los periodistas.
La detención tuvo lugar el 16 de diciembre de 2005 por la publicación del libro “Los demonios del Edén”, en la que se señalan a empresarios y autoridades de estar involucrados en la explotación sexual infantil.
Un policía fue condenado por torturas y detención arbitraria de Cacho, mientras otro sigue prófugo. Pero los autores intelectuales y quienes financiaron este acto delictivo no han sido siquiera investigados.