Producto de su análisis, solicitó a la Fiscalía que el caso sea tratado como una potencial ejecución extrajudicial.
Punto Noticias.- Amnistía Internacional anunció que evidencias confirmarían que fuerzas de seguridad mataron a Byron Hólger Guatatoca, manifestante indígena en Puyo, y que por lo tanto la Fiscalía General del Estado debe investigar el caso como potencial ejecución extrajudicial.
La reacción de la organización, se dio luego de que la noche del 21 de junio, fuerzas de seguridad que reprimían una manifestación, dispararon una granada de gas lacrimógeno, que llegó a Guatatoca, un indígena kichwa de la comuna de San Jacinto, quien murió más tarde en el Hospital General Puyo a causa del disparo.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, consideró que tras el análisis de testimonios y de evidencia digital, la muerte del comunero fue causada por agentes de fuerzas de seguridad, muy probablemente de policías, a través del uso excesivo de la fuerza y que debería ser investigada con prontitud por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
De acuerdo con testigos, el 21 de junio cerca de las 18:00, decenas de policías atacaron con gas lacrimógeno a manifestantes que se habían congregado pacíficamente en la zona residencial y comercial de Puyo, conocida como Picolino. Sitio en el que se dio un enfrentamiento, cuyo resultado fue la muerte del indígena.
Amnistía indicó que de los testimonios recabados se llegó a la conclusión que vecinos y manifestantes, entre los que había hombres, mujeres y niños, denunciaron haber sufrido golpes por las fuerzas de seguridad, además de irritación y asfixia por el gas lacrimógeno que fue disparado.
Tras la represión, grupos de personas no identificadas saquearon un banco y quemaron un edificio de la Policía y varios vehículos que se encontraban en el lugar. Sin embargo, la entidad dijo que videos publicados en redes sociales y que fueron verificados muestran que Guatatoca estaba tendido en el suelo en momentos posteriores al disparo. En un primer video se ve que el manifestante aparece con una granada insertada completamente en su cráneo que liberaba una nube de gas lacrimógeno, mientras en el segundo aparece expuesta la herida.
La entidad recogió las primeras declaraciones de la Policía luego de este suceso, pues dijo que se presumía que el hombre falleció por la manipulación de un artefacto explosivo.
Esto motivó a Amnistía hacer un análisis del tipo de artefacto usado por las fuerzas de seguridad para la represión de protestas.
Contó que un día después, la Fiscalía abrió una investigación y más tarde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana publicó cuatro imágenes de una presunta tomografía del cráneo de la víctima en la que aparece una granada de gas lacrimógeno incrustada en el cráneo y que habría sido verificada.
Debido a la precisión, la profundidad y la dirección de la perforación en el cráneo del comunero, Amnistía señaló que el disparo fue hecho a corta distancia.
Del análisis de protestas en otros países, la organización determinó que, si bien las granadas de gas lacrimógeno son menos letales, cuando son disparadas con un lanza grandas puede matar si son usadas de manera directa.
También Amnistía analizó dos casos más de fallecidos en el marco de las jornadas de protestas en el parque de El Arbolito, en la ciudad de Quito, y en San Antonio de Pichincha.
Con este antecedente, Amnistía Internacional solicitó a la Fiscalía que investigué y dé una pronta respuesta sobre la muerte del comunero y se identifique a los responsables, incluyendo a la cadena de mando.
Asimismo, pidió que se investiguen todas las muertes y denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas alrededor del país.
Finalmente, Amnistía instó a las autoridades correspondientes que regulen y rindan cuentas sobre el uso de la fuerza.