Los ciudadanos son procesados en EE.UU. por lavado de activos, luego que se conoció el caso de corrupción en la estatal petrolera ecuatoriana.
Punto Noticias.- Una vez que se retomó el caso del empresario de bienes raíces Roberto Barrera, quien se declaró culpable en EE.UU. de lavado de activos, proceso por el cual también fue detenido en Miami, a mediados de junio pasado, el exasesor de la gerencia general de EP Petroecuador, José Raúl de la Torre (sobrino del contralor subrogante Pablo Celi), la estatal reaccionó.
A través de un comunicado, indicó que desde septiembre de 2018 a la fecha, participa junto con la Procuraduría General del Estado en nueve procesos judicializados en los Estados Unidos por delitos de lavado de activos, conspiración por prácticas corruptas en el extranjero, ofrecimiento y pago de sobornos a exfuncionarios y excontratistas.
La respuesta de Petroecuador obedece a que en octubre, Barrera confesó ante las autoridades judiciales de Estados Unidos que él y De la Torre habrían conspirado con funcionarios de la estatal para el pago de millonarios sobornos a una compañía contratista, entre 2018 y mediados de 2019.
Durante esa época, los ahora procesados, habrían solicitado un soborno por USD 3,15 millones a la contratista para beneficiarse, así como otros funcionarios de Petroecuador y del Gobierno. A cambio, le garantizaban a la empresa que obtuviera nuevos contratos.
Incluso se habría ordenado a la contratista que enviara las coimas a cuentas bancarias en Florida. Barrera habría recibido USD 150 mil en una cuenta en Miami.
Con esos antecedentes, la estatal explicó que ha realizado algunas diligencias. Una de ellas es solicitar a través de la Fiscalía que se requiera la Asistencia Penal Internacional a los Estados Unidos.
Asimismo, la empresa dio a conocer que conforme a una certificación de la Subgerencia de Recursos Humanos con fecha 28 de junio de 2019, Barrera no laboró en la institución, pero en cuanto a De la Torre habría trabajado en los períodos del 13 de octubre de 2016 al 06 de junio de 2017 y del 21 de agosto de 2018 al 14 de junio de 2019.
Petroecuador aclaró que durante la actual administración, De la Torre estuvo encargado de funciones específicas relacionadas con la representación de la empresa en la Refinería del Pacífico, como parte del proceso de su liquidación. Sin embargo, precisó que estas acciones no tuvieron vínculos con procesos precontractuales y contractuales.
La estatal explicó que ha contestado cinco solicitudes de información de la Asamblea Nacional, debido a que la Comisión de Fiscalización creó una subcomisión para investigar a De la Torre, a Barrera, al contralor Pablo Celi de la Torre y a exfuncionarios de Petroecuador.
A su vez, expresó que ha remitido documentación a la Fiscalía, la cual abrió una indagación en contra del familiar del contralor.
La empresa acotó que impulsa más de 1.700 causas, entre ellas de carácter penal, en los Tribunales del país. Los casos son por tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación y uso de documentos falsos.
Con todo lo sucedido, Petroecuador transparentó el número de procesos de contratación pública que se han generado durante esta administración. Es así que dijo que se han emprendido 724 procesos en los que se ha tomado en cuenta la mayor participación de los oferentes y se ha descartado mecanismos como los de régimen especial y giro de negocio, que han sido observados por las autoridades de control.
Finalmente, la empresa mencionó que está presta a colaborar con la información cuando las autoridades así lo consideren.
Fuente: Petroecuador, Pichincha Universal, redes sociales