Grandes cargamentos de ayuda humanitaria han llegado a Puerto Rico, sin embargo la población sigue sufriendo las escaseces producidas por la devastación de los huracanes que asolaron la isla.
La mala organización y la falta de capacidad de distribución de las ayudas, hace que el puerto principal de la capital San Juan, tenga acumulados unos diez mil contenedores que no son llevados a los damnificados.
La falta de camioneros y de combustible están dejando a los tres millones y medio de habitantes de la isla sin la posibilidad de recibir esta ayuda, mientras muchos siguen sin tener electricidad, ni agua potables.
Un número indeterminado de boricuas están incomunicados y el gobierno en bancarrota no consigue resolver la situación. Por su parte, el gobierno central, el estadounidense solo envió 4.400 efectivos militares que se ocupan de la distribución en zonas rurales, pero por la destrucción de infraestructuras, a un ritmo mucho menor de lo previsto.
El jueves, el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump anunció que dejaría la Ley Jones sin efecto por diez días, luego de que el gobernador de Puerto Rico, entre otros, exigiera que Estados Unidos levantara las restricciones al envío de mercancías a la isla impuestas en virtud de esa ley.
«Nos estamos muriendo y nos están matando con su ineficacia y con su burocracia», declaró con enorme enfado la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien apuntó contra la administración Trump por las muertes sucedidas por la «ineficacia».
Con información de Democracy Now! y Telesur