El Sistema de Educación Nacional priorizará protección de derechos de niños y adolescentes, de acuerdo con el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la LOEI.
Punto Noticias. La Comisión de Educación del Legislativo revisa la matriz del informe borrador para el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI). Las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes en los planteles escolares centraron la atención de los parlamentarios.
Preocupa también que la evaluación trunque los sueños de los jóvenes para acceder a la educación superior. La asambleísta Jeannine Cruz, vicepresidenta de la mesa, propuso incluir una disposición general que establece que, en ningún caso, los procesos de evaluación en el sistema educativo pueden ser tomados como instrumento de admisión a las universidades y escuelas politécnicas.
El planteamiento contó con el respaldo absoluto de los comisionados, quienes consideraron que es fundamental acoger lo que dispone la norma constitucional y especificar que se trata de dos sistemas diferentes, esto es bachillerato e ingreso a las universidades.
El documento de la comisión establece que la protección de derechos en el Sistema Educativo Nacional comprende aquellas medidas que garanticen los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, contemplados en tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Constitución y las leyes.
El Sistema se desarrolla a través de las políticas públicas, servicios y presupuestos para la prevención, atención, exigibilidad y reparación, e implica, entre otros, procesos de sensibilización y formación, mecanismos de resolución alternativa de conflictos con participación de la comunidad educativa y restitución de derechos, que incorporen acciones afirmativas.
Para la protección de derechos, la autoridad educativa nacional transversalizará el enfoque de derechos humanos y de género, como parte del currículo nacional, en todos las modalidades, niveles y sostenimientos, con la finalidad de crear en los miembros de la comunidad educativa una cultura de paz, convivencia armónica, respeto a la diversidad y pleno ejercicio de derechos; para este fin fomentará, fortalecerá y articulará acciones con el resto de instancias del Estado.
En el Sistema de Educación Nacional se priorizará la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin importar sus circunstancias económicas, físicas, psicológicas, origen nacional, pertenencia cultural u otra condición de discriminación. Para ello, las instituciones educativas, autoridades, docentes y servidores requerirán escuchar, respetar, valorar e incorporar en las decisiones que se toman la opinión de niños, niñas y adolescentes y se brindará atención prioritaria y especializada en casos de violencia, acoso escolar u otras formas de vulneración de sus derechos.
El Sistema de Educación prestará atención prioritaria con atención especializada y de manera obligatoria a los grupos de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad. Los mecanismos e instancias para la protección de derechos de estos sectores son de aplicación obligatoria en las instituciones educativas, en todas sus modalidades, niveles y sostenimientos, y ámbitos extraescolares.
Es obligación, de todas las personas integrantes de la comunidad educativa que lleguen a tener conocimiento de un acto de vulneración de derechos contra las y los estudiantes u otra persona de la comunidad educativa, denunciar ante las autoridades competentes, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
Las autoridades educativas tienen la obligación de iniciar los procesos de investigación cuando conozcan cualquier acto de vulneración de derechos o infracción administrativa contra las personas integrantes de la comunidad educativa, considerando principalmente el interés superior del niño, casos de violencia escolar, acoso escolar o discriminación.
La inmediatez será proporcionalmente aplicada a la gravedad del bien jurídico protegido, considerando principalmente en casos de violencia sexual, acoso escolar o discriminación.
Fuente: Asamblea Nacional.