Dirigentes indígenas y organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por la criminalización de la protesta
Punto Noticias. Hasta el 6 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) aumentó a más de 400 los procesos que se abrieron en el marco del paro nacional. Hay procesos en fase reservada de investigación e instrucciones fiscales por varios delitos.
Los procesos de investigación abiertos por la Fiscalía sobre el paro de la Conaie casi se han duplicado desde la firma del Acta de Paz, luego de 18 días de protesta.
Hay dirigentes indígenas y manifestantes investigados por paralización de un servicio público (160), daño a bien ajeno (52), ataque o resistencia (30), terrorismo (11), rebelión (4), sabotaje (4), homicidio (5), entre otros, que suman 403 procesos: 369 están en investigación previa y 34 en instrucción fiscal.
Con 97 casos, Pichincha tiene el mayor número de procesos investigativos, seguido de Azuay con 64, Chimborazo con 45, Pastaza 35 y Cotopaxi 34.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos han reclamado la criminalización de la protesta contra dirigentes y manifestantes a nivel nacional, con detenciones arbitrarias e ilegales, según varios informes.
Nayra Chalán, de la Ecuarrunari, reclamó que no puede existir paz con persecución y judicialización. La FEINE, FENOCÍN, CONFENIAE y otras estructuras del movimiento indígena han solicitado el cese de la persecución en su contra.
“Advertimos que la narrativa oficial del «narcotráfico y terrorismo» se dirige a criminalizar la protesta, pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio 2022 para los próximos 90 días”, reaccionó la CONAIE, en un comunicado.
Para Vivían Idrovo, coordinadora de la Alianza de las Organizaciones de Derechos Humanos, está claro que el Estado, con ayuda de Fiscalía, sigue la línea de judicializando.
“Nos sorprende la cantidad de procesos abiertos, de los cuales, 160 correspondan a la paralización de servicios públicos. Si esto se refiere a vías, claramente es criminalización de la protesta”, explicó.
La sorpresa, dijo Idrovo, es que sean pocas las investigaciones que realiza la Fiscalía por las graves violaciones de derechos humanos durante los 18 días que duró el paro.
“Al parecer, la incursión en zonas de paz, que son hechos graves, no le llama la atención a la Fiscalía para abrir una investigación, pese a que la Corte Constitucional, en sus fallos, señaló que se debe investigar cuando exista excesos del uso de la fuerza”, precisó.
A nivel internacional también hay alertas. Diego García-Sayán, Relator de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial expresó su preocupación por los procesos abiertos. “Se me informa que por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión (a Leonidas Iza) se le habría calificado como “terrorista” o “conspirador” desde espacios gubernamentales”, reprochó.
#Ecuador: Como Relator de la #ONU sobre Independencia Judicial sigo con preocupación cierto hechos, dentro del contexto de la protesta indígena en curso impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. (CONAIE).
— Diego García-Sayán (@ExRelator_ONU) June 30, 2022
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, fue detenido la madrugada del 14 de junio, en el segundo día de las movilizaciones. Denunció que fue secuestrado porque no se cumplió con el debido proceso al momento de su detención, en Pastocalle, Latacunga. La Fiscalía lo acusa de paralización de un servicio público.
Idrovo subrayó que este tipo de declaraciones y acciones del Estado, que pretenden estigmatizar y después criminalizar la protesta, constituye un obstáculo y barrera para que los diálogos lleguen a buen puerto.
La judicialización de la protesta será uno de los temas que se trate en la Mesa técnica de Seguridad, dentro de las conversaciones entre el Gobierno y la CONAIE.