La Comisión de Justicia del Parlamento tramita el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial.
Punto Noticias. En el marco del análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que desarrolla la mesa legislativa de Justicia, se propuso que la Escuela de la Función Judicial emita títulos de cuarto nivel.
Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) y Alexandra Navarrete, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), objetaron esta posibilidad.
Argumentaron que el sistema de educación superior está integrado por universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos, de artes y conservatorios superiores, los que, de manera exclusiva, pueden ofertar carreras y programas.
Plantearon que dicha Escuela trabaje conjuntamente, en convenios de cooperación, con las instituciones de educación superior nacionales, con el objetivo de proponer contenidos y que sus intereses sean direccionados metodológicamente, para garantizar la calidad de la educación.
Sobre la situación de los tribunales penales, Vinicio Rosillo, penalista, opinó que el sistema de “pool” de jueces afecta a la celeridad de la administración de justicia, porque entorpece el agendamiento de audiencias.
Patricio Abad, abogado en libre ejercicio, en cambio, consideró que el sistema actual de pool de jueces es el más idóneo, ya que permite y garantiza el principio de imparcialidad que necesita el régimen acusatorio.
Los asambleístas Franklin Samaniego y Kharla Chávez cuestionaron la tesis de la Judicatura, de abrir espacio a “jueces fijos”, lo que sería volver al modelo en que la corrupción en la administración de justicia estaba institucionalizada, más aún cuando se direccionaban las causas. Coincidieron en que el sistema de pool de jueces garantiza el principio de imparcialidad y mayor transparencia, pero que debe ser mejorado.
Ximena Peña, presidenta de Justicia, dispuso que el equipo técnico acoja las diferentes corrientes de opinión y, de ser el caso, defina una tercera alternativa.
La asambleísta Ana Belén Marín, representante de la provincia de Cotopaxi, sugirió, entre otros aspectos, especificar el objeto de legalidad, transparencia, credibilidad, fases de oposición, rendición de cuentas y méritos sobre los concursos para selección de personal, así como definir qué hacer cuando la persona que ganó el concurso no acepta el cargo, acogiendo disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
Consideró, además, que toda resolución del Defensor Público sea motivada, a fin de garantizar su legalidad e insistió que se creen salas especializadas en materia de delitos ambientales, tomando en cuenta la experiencia de Chile.