El prefecto del Guayas respondió que suspendió a 24 funcionarios que vinculados en la adjudicación de 17 contratos durante la emergencia sanitaria
Punto Noticias. El bloque legislativo del Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero exigió que el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, (quien llegó al cargo auspiciado por este movimiento político) explique las acusaciones por contratos con presuntos sobreprecios o que entregue los nombres de los responsables. “De no proceder así, que renuncie”, piden los asambleístas.
En contra del Prefecto del Guayas surgieron varias denuncias por presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y kits de alimentos durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Tras varios días, la bancada legislativa de su movimiento emitió un comunicado en el que pide a Morales que presente las debidas explicaciones sobre las acusaciones en su contra y de su círculo cercano, o de ser el caso, que entregue a la justicia los nombres de los responsables de dichos actos.
“Como bancada legislativa ratificamos nuestra posición de que nadie puede estar sobre la Ley, indistintamente de que sea partidario o no. Razón por la cual, demandamos un actuar ágil y contundente de las autoridades de justicia”, dice el documento.
El líder de la organización política, Jaime Nebot también tomó distancia de Morales. En una entrevista televisiva dijo que no mete las manos al fuego por nadie.
Este 1 de junio, Morales realizó una rueda de prensa y anunció la suspensión de 24 funcionarios de la Prefectura que participaron en las adjudicaciones de 17 contratos durante la emergencia sanitaria.
Sobre el supuesto sobreprecio, el Prefecto dijo que, durante la emergencia, los precios de los insumos médicos como mascarillas, alcohol, gel, jabón líquido y kits de alimentos eran distintos a los que se maneja regularmente.
Además, las denuncias señalan que habría un supuesto vínculo de sus familiares con las empresas beneficiadas de estos contratos. “Cada quien es responsable de sus actos”, respondió Morales sobre este tema.
A finales de mayo, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un allanamiento a las oficinas de la Prefectura para recabar información y elementos para las investigaciones.