Punto Noticias.- Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha, y Fernando Valdés, dirigente de la Federación de Taxis Ejecutivos, conversaron sobre la reanudación del proceso de regulación de taxis para ocho mil 693 unidades en Quito. Ambos dirigentes expresaron sus posiciones.
Carlos Brunis puso un contexto sobre este asunto. Señaló que en julio del 2017, se creó esta expectativa para los taxistas en situación irregular con la ordenanza 177. La medida les daba la posibilidad para ser parte del «taxismo legal y organizado». El 01 de agosto se dictó la Resolución 012 que dictaba todos los puntos para que se ejecute la ordenanza anteriormente citada. Se entregó la documentación solicitada y fue revisada por la Agencia Metropolitana y se emitió un certificado de “idóneo motivado”. Luego, se reformó la Ordenanza 177.
Fernando Valdés, por su parte, considera que la regularización de taxis se va dilatando porque hay una Ordenanza que ha quedado en letra muerta. “Es inconstitucional lo que acaban de hacer los señores concejales cuando una resolución adoptada y comandada por una señora concejal deja abajo una Ordenanza”. Valdés se refiere a la resolución del concejal Luisa Maldonado, que suspendió el proceso por 60 días.
Valdés sostiene que es un cálculo político, la regularización de taxis. “Cuando vemos que ya quieren lanzarse como alcaldesas, como alcaldes, reelectores, para una nueva asignación. Creo que yo que si esto no es político, entonces, liberen”. Valdés dijo que hay dos responsables: el alcalde y los concejales.
Brunis coincide con Valdés. “No hay cómo pensar de otra manera. Todos sabemos que el próximo año hay elecciones y algunos concejales pronto querrán, el derecho les asiste, ser reelegidos. Nosotros lo que vemos es que quieren aprovecharse de esta circunstancia”.
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