Punto Noticias. La Defensoría del Pueblo sostiene que tanto el gobierno anterior como el actual violentaron derechos ciudadanos con el cobro del denominado impuesto verde.
Este tributo deben pagar los dueños de los automotores que tienen cilindraje superior a 2.500 centímetros cúbicos y antigüedad mayor a 5 años, de acuerdo a una tabla establecida por el Ejecutivo.
La Defensoría del Pueblo recomienda al gobierno nacional que reforme esta ley, porque no cobra a quien contamina ni cumple los objetivos para los cuales fue creado el impuesto, como señala Paulina Murillo funcionaria de la institución.
El representante del Servicio de Rentas Internas (SRI), José Almeida, reconoció que existen problemas en el cobro del impuesto verde, por los saltos bruscos que hay en la tabla, de acuerdo al cilindraje, lo que ocasiona altos montos de pago.
Sin embargo, aclaró que hay temas, como la medición del cilindraje, que son de competencia de, en este caso, la Agencia Nacional de Tránsito y otras entidades, con las que el SRI trabaja de manera coordinada.
Mientras tanto, los líderes del colectivo ciudadano contra el impuesto verde anunciaron que no pagarán ni un centavo más y se declararon en rebeldía tributaria, como señala Jorge Calero, quien apoya la derogatoria de este tributo.
El impuesto ambiental ha generado 333 millones de dólares, recaudados de los dos millones 700 mil vehículos que tienen que pagarlo, según el SRI. Para recoger todas las inquietudes y planteamientos sobre este tema, en la legislatura se desarrolló un foro, este lunes.