Hay algunos sectores legislativos, como Pachacutik, por ejemplo, que a pesar de respaldar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), del Ejecutivo, consideran que este debe ser mejorado.
Elio Peña, asambleísta de esta tienda política, cree que una de las falencias es que el proyecto del gobierno no plantea un organismo que reemplace a la Superintendencia de Comunicación, que será eliminada.
Peña está convencido de que debe haber una institución que regule y controle los contenidos de los medios de comunicación, para evitar que violenten los derechos ciudadanos.
Entre tanto, el asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, aplaude que el Ejecutivo, en su proyecto de ley, deje de lado la definición de que la comunicación es un servicio público.
Para este legislador no importa que el proyecto no recoja este concepto que está señalado en la Constitución de la República. Esto no le hace inconstitucional al proyecto de ley, sostiene.
Para el legislador Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, hay un doble discurso por parte de los defensores del proyecto del gobierno, porque, en unos casos, sostienen que la Constitución está por sobre todas las leyes y en otros caso, como en este, que no.
Samaniego recuerda que fue la ciudadanía, en una consulta popular, que la aprobó que la comunicación sea un servicio público.
Lo que esperan todos los sectores parlamentarios es que en el debate sobre el proyecto de reformas a la LOC participen todos los actores involucrados, para que se enriquezca la propuesta legal.