Este lunes, se firmó un protocolo para la ejecución de su trabajo frente a la violencia que vivió Bolivia en el 2019.
Punto Noticias.- Este lunes 23 de noviembre, arribaron a La Paz los expertos delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) quienes investigarán los hechos de violencia entre septiembre y diciembre de 2019 instaurados por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Igualmente, se firmó el protocolo para la ejecución de su trabajo a lo largo de seis meses.
En el acto de firma de protocolo y bienvenida al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigarán los hechos entre septiembre y diciembre de 2019, la relatora de país de la organización, Flavia Piovesan, indicó que en noviembre del año pasado al inicio de la posesión del gobierno de facto de Jeanine Áñes, la organización encontró “fuertes indicios” de violaciones de los derechos humanos, particularmente en tres lugares del país.
Piovesan reveló que entre el 2 y 25 de noviembre la delegación de la CIDH mantuvo reuniones con autoridades de Bolivia, al igual que con grupos de personas y sectores de la sociedad. Visitó hospitales, despachos defensoriales, comunidades afectadas, entre otros.
“Toda la información recolectada (la CIDH) encontró fuertes indicios de graves violaciones de derechos humanos”, dijo en su discurso virtual al señalar el uso excesivo de la fuerza contra los afectados.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la pedida de vidas humanas y las muertes registradas en la regiones de Pedregal, el 11 de noviembre; Sacaba, el 15 de noviembre; y de Senkata el 19 de noviembre, y otros sectores”, detalló.
Por la complejidad de la situación que vivieron los bolivianos en el régimen de facto, indicó que se firmó el acuerdo el 12 de diciembre de 2019 para la creación de un grupo interdisciplinario de expertos para apoyar las investigaciones entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes, una amplia investigación sobre la violencia política de fines de 2019 en Bolivia, que dejó al menos 37 muertos, y prometió que su trabajo será un aporte a la reconciliación y la paz en el país.
“Este proceso es indispensable para la reconciliación nacional y consolidación de la paz social en el país”, dijo el presidente de la CIDH, Joel Hernández, al presentar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que prevé presentar un informe en un plazo de seis meses.
Hernández intervino virtualmente en un acto en la Cancillería boliviana, en el cual se suscribió el protocolo que enmarcará el trabajo del GIEI, cuya llegada fue acordada en diciembre del año pasado, pero resultó demorada primero por decisión del gobierno de facto Jeanine Áñez y luego por la pandemia del covid-19
Patricia Tappatá, representante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, señaló que colaborarán con las labores de investigación y entregarán recomendaciones para que hechos con pérdidas de vidas humanas “no vuelvan a ocurrir” nunca más.
“El grupo Interdisciplinarios de Expertos y expertas internacionales llega a este país para coadyuvar en las investigaciones que llevan adelante las instituciones de Bolivia para cooperar con el conocimiento de la verdad sobre los graves sucesos de violencia que ocurrieron entre los meses de septiembre y noviembre de 2019”, señaló.
“Venimos de cinco países, pero actuamos de forma individual. La comunidad ciudadana debe saber que ejerceremos nuestro trabajo con imparcialidad y responsabilidad”, añadió.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el Estado garantizará el acceso a la información que los expertos necesiten con el fin de alcanzar sus objetivos por el lapso de seis meses y garantizó todos los recursos y las condiciones para el desarrollo de su trabajo.
“Estamos conscientes de que el derecho del pueblo bolivianos a conocer la verdad, está en buenas manos”, sostuvo.
El presidente de la CIDH, Joel Hernández, reconoció en su discurso online la voluntad del Estado boliviano para el establecimiento de mecanismos independientes que pudieran coadyuvar con las autoridades, acerca de lo ocurrido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre del año pasado, como resultado de las observaciones que hizo la CIDH en su visita en noviembre del mismo año.
“Son personalidades con una alta calidad moral y un elevado conocimiento técnico en la materia fueron seleccionados cuidadosamente”, destacó sobre los expertos que ya están en el país.
La GIEI-Bolivia está compuesta por seis expertos que permanecerán en el país por el lapso de seis meses e investigarán lo ocurrido en el periodo ya señalado.
Sus Perfiles
Estos son los expertos de investigarán los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Juan Méndez (Argentina) dedicó su carrera legal a la defensa de los derechos humanos. Fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y Presidente de la CIDH.
Se desempeñó como Comisionado Adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante 15 años, trabajó con Human Rights Watch en asuntos de derechos humanos, en el hemisferio occidental. Es profesor de Derecho de los Derechos Humanos en la American University – Washington College of Law.
Magdalena Correa Henao (Colombia) es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector de Colombia. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
Julian Burger (Reino Unido) es profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido). Ha impartido cursos de Derechos Humanos en instituciones como la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
Marlon A. Weichert (Brasil) es Fiscal federal en Brasil desde 1995. Actualmente ejerce como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano. Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. Participó como experto en casos ante la Corte-IDH y la CIDH sobre justicia transicional y seguridad pública.
Fue parte de equipos de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con crímenes con violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Brasil e inició el programa para buscar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada.
Patricia Tappatá Valdez (Argentina) es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos – UNESCO, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú.
Se desempeñó como directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador que investigó el conflicto armado de ese país. Fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos de violación de los derechos. Es miembro de la facultad de LLM en Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Jaime Vidal Melero es Coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH y fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia. Es Abogado de derechos humanos y exasesor legal para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Fuente: Sputnik, Correos del Sur