Jam Jarab, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México fue categórico al denunciar que el Estado busca el olvido, antes que resolver los casos de desapariciones.
En Sinaloa, las cifras revelan que 81 personas de cada cien mil, desaparecen sin dejar rastros, una cifra alarmante que se discutió en el teatro Socorro Astol de México, durante el Encuentro sobre Desaparición Forzada: impunidad del pasado y del presente.
Entre las víctimas de este crimen se encuentran activistas y otros actores sociales, repitiendo un modelo de persecución que existía en México en los años 70.
Si bien las cifras de Sinaloa son terribles, solo ocupa el segundo lugar del país, en el índice de desapariciones, ya que las estadísticas de Tamaulipas son todavía peores.
Miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, de Análisis e investigación Fundar y Artículo 19, reclaman al gobierno avanzar más allá del pedido de búsqueda y que se aplique la justicia para conocer dónde están los desaparecidos del pasado y los del presente.
Se le exige a la policía y a la justicia actuar con mayor rapidez, fortalecer las capacidades de investigación, reparación real del daño, la construcción de una memoria colectiva, que el Estado deje de amparar a delincuentes y erradique de su seno a los cómplices de la impunidad y el olvido.
No existe en México un ejemplo más flagrante de la estrategia de enviar los hechos al pasado que lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que se acerca a los tres años de los trágicos sucesos y la sociedad sigue sin saber qué ocurrió en Iguala.