La consulta popular es impulsada por el prefecto de Azuay Yaku Pérez para declarar libre de minería metálica a esa provincia. La Corte Constitucional resolvió a favor de las consultas en temas mineros.
Punto Noticias: La discusión del 10 de enero de 2020, en la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las consultas sobre el futuro de las actividades mineras en un determinado territorio llegó a una conclusión: es posible hacerlas.
El 12 de febrero de 2020 El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables Enrique Gallegos Anda, entregó un documento en la CC, acompañado de Ramiro Montalvo, viceministro de Ambiente y de Carlos Andrade, de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
El Gobierno ecuatoriano presentó su respuesta oficial a la Corte Constitucional (CC) sobre su posición respecto al pedido de consulta popular antiminera presentada por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.
Gallegos calificó de “irresponsable” la iniciativa que busca prohibir las actividades mineras en las fuentes de agua del Austro y cancelar las concesiones de este tipo de actividad que se hayan otorgado, previo a la eventual consulta.
El funcionario dijo que la pretensión de prohibir o cancelar las actividades mineras amparadas por un título minero, sin una consideración técnica y legal, sino basada en motivaciones políticas, generará graves precedentes en cuanto a seguridad jurídica en el país.
El día de hoy, martes 18 de febrero de 2020, Roberto Aspiazu, Director del Comité Empresarial Ecuatoriano, señala su oposición a las consultas mineras. Pide que se desestime el pedido hecho por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.
#Quito | Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, señala su oposición a las consultas mineras. Pide que se desestime el pedido hecho por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez
Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/li8pLKnoWg
— El Comercio (@elcomerciocom) February 18, 2020
Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que la Corte Constitucional debe garantizar la seguridad jurídica. Manifiesta que si no se fortalece la minería formal, aumentará la ilegal.
Citó como ejemplo el caso del cantón Buenos Aires. (C.D.A.)
FUENTE: El Comercio