Punto Noticias.- 650 millones de dólares necesitará el Estado ecuatoriano para poner en óptimo funcionamiento cinco proyectos petroleros, construidos en el anterior gobierno.
Así lo señalaron las autoridades del área petrolera, quienes aseguran que se encuentran en estado crítico, inconclusas o fuera de servicio las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, el Poliducto Pascuales-Cuenca, la Planta de Licuefacción de Gas Natural Bajo Alto y el Terminal Marítimo Monteverde.
A decir del ministro de Energía, Carlos Pérez, tres empresas internacionales, que realizaron la evaluación, concluyeron que las obras tienen sobreprecio, debido a que se inflaron sus costos, se construyeron obras innecesarias y otras no planificadas; además, adolecen de problemas de ingeniería básica y de detalle. El sobreprecio sobrepasa los 2.500 millones de dólares.
Según el gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, la mayoría de contratos, para la construcción de los cinco proyectos, fueron entregados a dedo, abusando del sistema de contratación de régimen especial, sin un proceso competitivo de por medio.
Petroecuador, según sus autoridades, ha emprendido en acciones inmediatas para evitar que los antes mencionados proyectos continúen deteriorándose y para fortalecer su gestión técnica y financiera, con el fin de mejorar su productividad.
El ministro de Energía aclaró que la intención del gobierno no es privatizar los proyectos hidroeléctricos o petroleros, sí concesionarlos, conservando la propiedad para el Estado ecuatoriano.
Respecto al proyecto de la Refinería del Pacífico, el secretario de Estado señaló que el gobierno lo mantiene paralizado hasta solucionar los conflictos que este tiene. Aseguró que los interesados en esta mega obra están ahí, pero que no invertirán hasta cuando se limpien los problemas.
Carlos Pérez, titular de Energía, declaró que hay nombres de funcionarios que participaron de la contratación de las obras con los inconvenientes anotados, pero que no le corresponde a él señalarlos. Será, dijo, la Contraloría y la Fiscalía las que determinen responsabilidades, luego de las investigaciones pertinentes.