Con las observaciones presentadas por los legisladores, la mesa respectiva deberá elaborar el informe para segundo debate.
Punto Noticias. El Pleno del Parlamento Nacional cumplió con el primer debate del proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva, cuyo informe fue preparado por la Comisión de Desarrollo Económico.
La propuesta de normativa plantea establecer mecanismos de transición de la economía lineal a la economía circular inclusiva, determinar las obligaciones y facultades del sector público, privado y de la economía popular y solidaria, definir los principios para políticas, financiamiento y programas, fomentar la investigación y el desarrollo económico, reconocer la importancia de los recicladores de base y definir las infracciones y sanciones, entre otros fines.
En caso de aprobarse la ley, sería la primera en Latinoamérica. La economía circular crea nuevas oportunidades de inversión y empleo en nuevos campos, como la innovación, aprovecha el potencial de la materia prima, energía e insumos de residuos y tiene armonía con el ambiente, señaló el asambleísta Esteban Albornoz, ponente del proyecto y presidente de la Comisión.
La normativa en discusión define al Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva, crea el Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva (CONECI), su Secretaría y su Consejo Consultivo, el Sistema Nacional de Información de Economía Circular Inclusiva y el Registro Nacional Integrado de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
Incluye temas importantes como la educación y concienciación sobre la economía circular inclusiva, mecanismos de apoyo asociados, reconocimiento del oficio de reciclador de base, acceso a la seguridad social, fomento de la asociatividad, entre otros aspectos.
Las empresas de bienes y servicios están en la obligación de incorporar características de ecodiseño a sus productos. Además, el proyecto determina como obligación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la elaboración de un Plan de Economía Circular Inclusiva. Así mismo, se les faculta para que, a través de convenios, establezcan mecanismos de gestión de residuos.
Norma los incentivos y financiamientos para la economía circular, a través de cooperación internacional, financiamiento desde los GAD y acceso a créditos. Contempla también fiscalización y seguimiento, infracciones y sanciones.
Fuente: Asamblea Nacional.