Muy pronto suspenderían el servicio ya que sus ingresos no alcanzan a cubrir el mantenimiento y pago de operarios.
Punto Noticias.- El transporte público urbano se alzó en protesta, debido a que el pasaje ha permanecido intacto durante 17 años. Por medio de carteles pegados en casi todos los buses que circulan en Quito, levantan su voz. Tienen la esperanza del aumento, quizás durante la pandemia, algo podría ocurrir, pero luego de muchas medidas del gobierno, que incluye despidos de trabajadores, reducciones de sueldos, entre otras, es algo incierto.
Ahora los transportistas reclaman porque la situación que atraviesan es más compleja ya que sus unidades circulan con el 50% de su aforo, por las restricciones impuestas en los protocolos contra la propagación del covid-19.
Según Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano, los concejales no tomaron en cuenta la petición de la Secretaría de Movilidad para revisar las tarifas cada dos años, según el contrato suscrito en el 2017. “En febrero del 2019 se debió hacerlo, entonces hay un incumplimiento de los concejales”, puntualiza.
Con la alcaldía anterior, habrían acordado “con la Secretaría de Movilidad acordamos un costo de USD 0,35 cuando, en realidad, debe ser USD 0,42. Sin embargo, en honor a la realidad de la ciudad, aceptamos la primera”, explica el dirigente.
Hoy decidieron pegar los carteles de protesta en los buses. “Y si quieren municipalizar el transporte, que lo hagan (…) El mejor ejemplo que tienen es el Trolebús, que pierde millones de dólares anuales de nuestra propia plata, porque nosotros también pagamos impuestos”, señala.
Cerca 75% de 3 020 unidades, asegura Yánez, han colocado su protesta en las pancartas. Una dice: “Transporte urbano, intracantonal y rural en quiebra. 17 años sin tarifa, responsables autoridades municipales”. Otro texto se lee: “17 años sin tarifa, concejales si quieren municipalizar el transporte, háganlo”.
Una propuesta es tener una tarifa transitoria mientras dure la pandemia. Una reunión virtual del Concejo Metropolitano, José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, da cuenta de esas propuestas. Estos agremiados quieren que se eleve el pasaje de USD 0,25 a USD 0,50, durante la emergencia sanitaria, según ellos, quieren cubrir costos de operación.
Para este dirigente, trabajar al 50% de la capacidad y cubrir los costos de sanitización de las unidades afecta negativamente en la recaudación. “Cada bus requiere una inversión diaria de USD 160 pero desde que la capital cambió a semáforo amarillo y los buses reanudaron el servicio (3 de junio), nuestros ingresos apenas llegan a USD 80 diariamente”, indicó.
Para los transportistas, en las dos primeras semanas de operación, los ingresos no lograron cubrir los costos de combustible y salarios de los conductores y ayudantes de las unidades, peor para las obligaciones crediticias o repuestos automotrices.
Santamaría indica que esta situación es apremiante ya que los transportistas no garantizan la continuidad del servicio en los próximos días.
Para Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio, reconoce que existe un desequilibrio financiero en el transporte público por trasladar pasajeros al 50% de la capacidad de los buses. a pesar de ello, no tienen derecho de paralizar un servicio público. “La Municipalidad ha trabajado en conjunto (con los transportistas) para encontrar una fórmula financiera adecuada”, recalca.
Para ello, presentaron una estructura tarifaria a la Comisión de Movilidad. “El miércoles pasado nos han dado instrucciones a la Secretaría para que en un plazo de 5 días presentemos un proyecto de ordenanza para cotización de la tarifa, enmarcada en el aforo que actualmente se tiene”. El próximo lunes 29 de junio, la Secretaría de Movilidad estará presentando el proyecto de ordenanza.
La cual incluye los contratos de operación y estándares de calidad de servicio que no se han aplicado. “Esta es una muestra de que sí queremos actualizar la tarifa en los parámetros que exige la ciudadanía”.
Fuente: El Comercio