El Tribunal Arbitral condenó a Ecuador al pago de una indemnización de más de $10 millones por sus incumplimientos contractuales.
Punto Noticias. Un tribunal de arbitraje internacional constituido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“Tribunal Arbitral”) confirmó que la actuación del Ecuador violó el Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Singue de la Región Amazónica Ecuatoriana suscripto con Gente Oil.
El Tribunal Arbitral condenó al Ecuador al pago de daños patrimoniales y morales a Gente Oil, más intereses y parte de los costes del procedimiento para la empresa.
Silvana Pástor, vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil Ecuador, la contratista que opera el campo, fue una de las 15 personas procesadas por peculado en este caso, pero que el Tribunal en Ecuador ratificó su inocencia.
Sin embargo, condenó a ocho años de prisión a otras personas como al exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yanuzzelli, y al empresario César Guerra, en calidad de coautores del delito.
“Finalmente se ha demostrado en instancias internacionales las falacias del informe de Contraloría”, dice Silvana Pástor, en referencia al documento que derivó en el juicio penal en Ecuador.
En el laudo arbitral, se establece que el Tribunal confirmó la legalidad del contrato y que fue Ecuador quien incumplió el Contrato.
Además, señala que los fundamentos de la recomendación de la Contraloría en el informe para reducir la Tarifa están “erradamente analizados y contrarios al equilibrio económico del Contrato.
Sobre la acusación particular presentada por la Procuraduría General del Estado en el proceso penal, se indica que “distorsionó los términos del Contrato y el cálculo de los supuestos daños sufridos por el Estado”.
El caso en Ecuador
Según las investigaciones, en 2012, la Secretaría de Hidrocarburos, el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos, para su explotación por 20 años.
Según la Fiscalía, el perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de $33,5 dólares por barril, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero. El Tribunal añadió que los sentenciados contaban con información privilegiada sobre las reservas de crudo en Singue y que conocían que sus acciones no eran apegadas a la ley, por lo cual actuaron con dolo.