El expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que ya hay protocolos y que la solución primero es coordinar acciones de manera interinstitucional. Otros abogados hablan de la creación de una política pública.
Punto Noticias.- A pesar de que el Consejo de la Judicatura busca un acercamiento con el Gobierno para dar una solución a la inseguridad que viven los funcionarios judiciales, el expresidente de esta entidad, Gustavo Jalkh, considera que no es necesaria una emergencia, sino una coordinación interinstitucional y que se ponga en práctica protocolos que ya fueron creados en 2016.
En diálogo con Radio Pichincha, Jalkh aseveró que es extremadamente grave lo que ocurre el país con los funcionarios judiciales y los ciudadanos en cuanto a la inseguridad.
Dijo que eso es una muestra de la debilidad institucional y que se observa más bien un avance del crimen organizado.
Recomendó que se active el protocolo que se creó en 2016 para garantizar la seguridad a fiscales y jueces, así como se articulen acciones con el Ministerio del Interior y la Judicatura, con el fin de crear alertas tempranas frente a amenazas.
“Se deben retomar esas prácticas, no es la solución que unos echen la culpa a otros, se debe trabajar por un bien común.
Sostuvo que una declaratoria de emergencia a la Función Judicial no es la solución porque es una medida administrativa e insistió que sin recursos se pueden hacer muchas cosas como la articulación interinstitucional.
Para el abogado David Meza, en cambio, es necesario que se cree desde el Gobierno una política de seguridad para que se garantice el ejercicio de la profesión ya sea de un juez, un fiscal o un abogado.
Precisó que un estado de emergencia no garantiza nada frente a la inseguridad que se vive en el sistema de justicia.
Coincidió con Jalkh que es una medida administrativa que solo va a mover fondos, pues solo sería un parche.
Mientras, el jurista Carlos Alvear afirmó que es necesario identificar que las víctimas laboran en el área Penal.