Cinco personas están procesadas por el cobro fraudulento del actual bono de desarrollo humano.
Punto Noticias. Cinco millones de dólares correspondientes al bono solidario (bono de desarrollo humano), que entrega el Gobierno a las familias más pobres, fueron desviados, en una operación de cinco años.
A través de locales que permiten hacer transacciones bancarias, operaba la red delictiva, en una bodega de abastos en Santo Domingo de los Tsáchilas y en un cibercafé instalado en Puerto Quito, Pichincha.
Quienes estaban al frente de estos negocios podían ver quién cobraba el bono solidario y quién no, datos con los que armaron todo un aparataje que les posibilitó desviar cinco millones de dólares de los fondos que son cubiertos por el Ministerio de Inclusión Social (MIES).
Este procedimiento lo llevaron a cabo entre 2014 y 2018. En la actualidad, cinco personas están procesadas, quienes, el 10 de febrero próximo, enfrentarán un juicio por lavado de activos.
Si alguien dejaba de cobrar por muerte, enfermedad u otras razones, los dueños de los locales enviaban los datos de los beneficiarios a otras personas, que usaban la información, recaudaban los fondos y los depositaban en sus cuentas.
En 2017 aparecieron las primeras alertas. Un año después, los cinco ya fueron procesados por defraudación tributaria y asociación ilícita.
En informes de Criminalística constan las conclusiones de los análisis realizados a celulares, computadoras y cámaras de seguridad. También están informes de intervenciones telefónicas y seguimientos.
Existe un informe de la Unidad de Lavado de Activos (UAFE) que encontró ingresos irregulares entre los miembros de la red ilegal. Los abogados de los sospechosos rechazaron que el expediente de lavado se haya iniciado por el informe que esa entidad emitió en el 2017.
Estos juristas alegan que sus clientes ya fueron juzgados por defraudación tributaria y asociación ilícita y pidieron archivar el caso relacionado con blanqueamiento de dinero, “porque no se puede juzgar a una persona más de una vez por un mismo delito”.
Fiscalía argumentó que son ilícitos diferentes y que hoy se busca establecer el origen ilegal del dinero con el que los procesados compraron bienes muebles e inmuebles, que fueron incautados.
Los agentes detectaron que los imputados tenían a su nombre nueve vehículos, cinco lotes de terreno, casas y negocios. Ningún bien puede ser vendido hasta que finalice el trámite por lavado. Los sospechosos están libres gracias a que un juez les ordenó cumplir medidas alternativas a la prisión.
Según las pericias hechas a las cuentas de uno de los imputados, entre 2013 y 2017, sus ingresos en el sistema financiero llegaron a USD 1.065.178, mientras que la declaración al Servicio de Rentas Internas por esos años fue de USD 113.328. Esto evidencia que USD 951.849 no fueron declarados, arguye Fiscalía.
Los cuentas del resto también presentan novedades. La Fiscalía encontró que el 91,14 % de los valores depositados, solo de 2015 a 2017, tenía la frase “pago bono solidario CNB”. Ese elemento será presentado en la audiencia de febrero.
Había valores que iban desde 50 hasta 200 dólares, en las 7.994 transacciones detectadas a favor de los imputados. Los abogados dijeron que todo era legal y que pertenecían a los ingresos lícitos de los negocios de abastos, del cibercafé y de las comisiones por transacciones bancarias.
Actualmente, los agentes indagan si al menos un millón de dólares se desvió a las cuentas de un club de fútbol que milita en la primera categoría de la liga nacional, en el que dos de los procesados fueron dirigentes.
Los abogados de los aludidos indicaron, en la audiencia preparatoria de juicio, que no existe una relación entre el presunto lavado y la administración del equipo, que los ingresos fueron legales y que correspondían a los pagos de derechos de televisión, auspicios y aportes públicos y privados.
Se investiga si hubo personal del MIES que colaboró en este ilícito. Cinco funcionarios fueron desvinculados y son parte de una investigación por casos similares de cobros ilegales.
Se conoce que, en el grupo de los cinco, cada sospechoso manejaba más de un celular para enviar a sus colaboradores los datos de los beneficiarios del bono. Los chips de los teléfonos pertenecían a terceros, con la idea de despistar a la Policía.
Se incluyeron también testimonios de personas que aseguraron que después de un tiempo de no haber cobrado el bono intentaron hacerlo, pero en las ventanillas les decían que los fondos ya habían sido entregados y que no tenían nada pendiente. Los agentes recopilaron todos estos datos para el enjuiciamiento.
El Código Penal (Art. 317) sanciona con penas de entre 10 a 13 años a quienes tengan o transfieran activos de origen ilícito, cuyo monto supere los 200 salarios (USD 80.000).
Fuente: FGE, El Comercio.