Punto Noticias.- Con casi una hora de retraso y más de tres horas de lectura del documento de evaluación, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió «cesar en funciones y dar por terminados los periodos de jueces y juezas de la Corte Constitucional» a:
- Roxana Silva Chicaiza
- Pamela Martínez Loayza
- Francisco Butiñá Martínez
- Wendy Molina Andrade
- Tatiana Ordeñana Sierra
- Marien Segura Reascos
- Ruth Seni Pinoargote
- Manuel Viteri Olvera
- Alfredo Ruiz Guzmán
La moción tuvo cinco de siete votos a favor, el consejero Xavier Zavala se abstuvo de votar y Luis Macas no estaba en la sesión.
La Constitución es la norma suprema. Un magistrado constitucional tiene la obligación de defenderla y respetarla; si no lo hace, es responsable frente a los ecuatorianos por el incumplimiento de sus funciones. Jueces de la Corte Constitucional han sido cesados. pic.twitter.com/c4hhBQ76IM
— Pablo Dávila J. (@PabloDavilaJ) August 23, 2018
La decisión del Consejo Transitorio se tomó con base en la argumentación de incumplimiento de los cinco parámetros de evaluación por parte de las autoridades señaladas de la siguiente manera:
- Legitimidad del cargo.- Se encontró, entre otras, las siguientes irregularidades: parcialidad en la autoridad que los designó; falta de aptitud (capacidad profesional o probidad); se incumplió con el marco legal correspondiente; falta de motivación en las resoluciones que los designó y; falta de participación ciudadana y transparencia en el procedimiento de designación.
- Cumplimiento de funciones.- El Pleno concluyó que se incumplió principio de independencia y plazo razonable, pues la forma en que se implementaron los procesos en la CC tuvo como consecuencia la demora excesiva en los trámites de los ciudadanos, que en algunos casos llevan incluso 3 años. Señala también la falta de independencia de los magistrados que se evidencia en el hecho de que no dieron paso a los pedidos de Consulta Popular planteados por la ciudadanía sino únicamente a las presentadas por el Ejecutivo en el Gobierno anterior. Se aclaró que la ciudadanía desconoce los criterios bajo los cuales la CC decidía resolver los casos, lo que generó inseguridad jurídica.
- Manejo de recursos públicos.- el informe concluye que ha existido incumplimiento en el manejo y supervisión de los fondos públicos para el ejercicio de sus funciones, especialmente respecto de la integridad en los procesos de contratación pública. Sobre este punto se señalaron exámenes especiales de la Contraloría General del Estado en los que se señala varias irregularidades como la falta de publicación de 79 procesos en el Portal del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otras, demuestran indicio de prácticas indebidas, delitos y contravenciones.
- Transparencia.- El Pleno concluye que la CC ha incumplido tanto con su obligación de publicar la información, como con la de implementar mecanismos tecnológicos para el acceso a la información de manera correcta y oportuna.
- Evaluación Ciudadana.- El Pleno determina que la CC incumple con este parámetro por poseer una percepción ciudadana negativa tal como se evidencia en el número y contenidos de las denuncias presentadas, así como en los resultados de las encuestas que demuestran una confianza del 27.1% de los ecuatorianos acerca de la gestión del organismo.