Hace un mes que los mineros de Remedios y Segovia, en Antioquia, están de huelga. Un paro que le está costando caro a los municipios que, sin embargo, no logra encontrar el camino para la superación de las diferencias.
La represión policial para despejar las carreteras dejaron tres muertos, lo que radicaliza las demandas de los trabajadores que llevan más de 200 años viviendo de la minería tradicional.
“La situación se ha tornado muy difícil. Los manifestantes y las autoridades locales no hemos sido escuchados por el Gobierno Nacional para buscar solución“, dijo el personero (delegado del Ministerio Público) de Segovia, Jeyson Atehortúa.
Son 10 mil los mineros que se oponen a las propuestas mineras gubernamentales que favorecen, según su opinión, a las grandes multinacionales, afectando las labores ancestrales y destruyendo el medio ambiente.
Los trabajadores exigen contratos justos. Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Remedios y Segovia apuntó que “No vamos a levantar la manifestación hasta que no tengamos la garantía de que el Gobierno en el futuro no va a venir a exterminar toda nuestra cadena productiva”. Y lamentó que la respuesta del gobierno ha sido “únicamente el desprecio y el silencio”.
Castañeda expuso que desde que comenzaron el paro ya hubo 24 heridos entre los mineros por los excesos de las fuerzas de seguridad. “Nos han masacrado”, dijo en referencia a los fallecidos y negó que haya personas armadas entre los protestantes.
La versión policial es que entre los huelguistas se encuentran miembros de la banda criminal Clan del Golfo y aseguran que también resultaron heridos 20 policías.
El paro sostenido ha terminado paralizando el comercio de las dos ciudades y ahora también se suma el cierre de las escuelas por “razones de seguridad”.
Lamentablemente el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, intenta instalar la idea de que los mineros están armados y son un peligro para la población, abriendo la posibilidad de una escalada represiva.
Con información de El Espectador.