Desde el 2017 a 2020 existió una red de corrupción al interior de los hospitales, este no es un problema de la emergencia sanitaria sino desde que el Gobierno de Moreno inició, agregó.
Luigi García Cano, abogado de Daniel Salcedo, destacó su preocupación por la integridad física de su cliente ya que, advirtió, hay alguien de mucho poder que podría atentar contra su vida.
“Hay muchísima más probabilidad que se atente contra la vida de Salcedo porque ciertos medios y redes dañaron su imagen y hay intereses de que no se convierta en un delator, que es la aspiración de la Fiscalía”.
El jurista indicó que su defendido está dispuesto a colaborar con la justicia y aquello significa aportar elementos para descubrir la red de corrupción dentro de los hospitales, sin embargo, aclaró que no se trata de una cooperación eficaz porque eso sería aceptar los hechos fácticos de los cuatro tipos penales de los que se lo acusa: “Daniel Salcedo se defiende desde su acto de inocencia porque él no firmó el contrato para adquirir bolsas de cadáveres”.
Aseveró que Salcedo no fue funcionario público y por tanto él no pudo repartir los hospitales ni adjudicar contratos y pese a ello Fiscalía no ha investigado al Servicio de Contratación Pública (Sercop) pues ahí se debió detectar el sobreprecio porque ellos tienen las bases técnicas; o al menos presentar una denuncia a la autoridad competente para alertarla.
“Es por la presión de la defensa que la Fiscalía empieza a vincular a las personas como Sandra Ortega Romo, representante legal de Silverti, empresa que firmó el contrato con el hospital para adquirir 4.000 bolsas para cadáveres”.
Criticó que la Fiscalía haya esperado casi 90 días sin nombrar a dicha ciudadana y recién este martes 11 de agosto haya pedido al juez competente una audiencia de vinculación contra Ortega Romo, cuya fecha se fijó para el lunes 17 del mismo mes.
Detalló que Salcedo tiene once empresas y solo una ha contratado con el Estado, pero no se refiere a la venta de insumos médicos sino a comunicaciones y publicidad que ha suscrito con la Gobernación de Guayas, el MIES, la propia Contraloría y con otros organismos públicos.
Además puntualizó que la corrupción al interior de los hospitales no se desató durante la emergencia sanitaria sino que viene desde el 2017: “Desde que el Gobierno de Moreno inició”.
En ese contexto, señaló que difícilmente la Asamblea Nacional podría fiscalizar e investigar para dar con los responsables de la red de corrupción, puesto que son los propios legisladores quienes están inmersos en irregularidades como la obtención de carnés de discapacidades para importar vehículos o en el mismo reparto de hospitales: “Es evidente cuando salen los audios entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. La propia María Mercedes Cuesta también está involucrada en estos actos de corrupción y se menciona que recibió 90 mil dólares, así que la Asamblea cayó en actos de inacción propia de los actos de corrupción que ahí cabildea”.
Sobre la relación de Salcedo con Abdalá Bucaram Pulley, García Cano indicó que su cliente lo apoyó con la logística de su campaña en la segunda vuelta cuando era candidato presidencial: “Tiene amistad personal con su familia, pero con Bucaram Pulley no mantiene ninguna relación contractual y comercial y él lo ha corroborado”.
Respecto a Michel Bucaram, el abogado puntualizó que Salcedo sí constituyó una compañía para montar un negocio de restaurante que duró seis meses y luego por la situación del país se vieron obligados a cerrar sus puertas: “Pero la Fiscalía sigue actuando de manera selectiva porque en el ejercicio de acción ilícita vinculan a Michel Bucaram y no a Emilio Pinoargote”.
“Con Jacobo Bucaram solo se conocen de vista, es menos el grado de amistad que con Abdalá Bucaram Pulley”.