El dirigente de la transportación de Quito señaló una serie de factores que inciden en la disminución de sus ingresos.
Punto Noticias. Jorge Yánez, coordinador técnico de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, reclamó que las medidas de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19 afectan económicamente a este sector.
Comentó que, por las restricciones impuestas, tienen que cerrar las operaciones desde las 16h00, dependiendo de las distancias de las diferentes rutas asignadas, para que los conductores lleguen a sus hogares, antes del toque de queda, luego de dejar los vehículos en los patios de las operadoras.
Advirtió que esta situación implica que existe un desabastecimiento del sistema de transporte público en la capital, desde las cinco de la tarde o máximo desde las siete de la noche, de los extremos de la ciudad hacia el hipercentro y viceversa.
La consecuencia, dice, es la disminución de los indicadores de la calidad del servicio y los ingresos de los transportistas, en alrededor de 700 u 800 mil dólares, en este mes de confinamiento.
Yánez señaló que en la capital prestan servicio 3.020 buses, con un promedio de cuatro personas por unidad con empleo directo. Significa que son alrededor de 12 mil familias las que dependen, de manera directa, de la operación de los buses, además de un 30% más como empleos indirectos, relacionados con la transportación, como venta de comida, vulcanizadoras, etc.
A decir del dirigente, el universo de los afectados por las restricciones para prestar el servicio podría ascender a unas 20.000 familias.
Otro factor que ha incidido en la reducción de los ingresos es la demanda, que ahora es del 40% de la que normalmente tenía el servicio de transporte de pasajeros. Antes del 16 de marzo de 2020, había una demanda promedio de 850 pasajeros, que se redujo, en los mejores días, a 420 pasajeros, según manifestó.
Explicó que han soportado un año y más de la pandemia refinanciando deudas, pagando intereses, sin cumplir con las amortizaciones, pagando el costo del valor del capital a las entidades financieras. Esto ha provocado que los transportistas reflejen en la central de riesgos retrasos de hasta 90 días y, en algunos casos, el inicio de procesos judiciales.
A todo esto se suma el problema del incremento del precio del combustible, que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales los costos totales de operación, que representa una tarifa técnica de 38 centavos, reclamó Yánez.