A la Comisión de Fiscalización se le retiraron algunas atribuciones, como la de archivar los juicios políticos.
Punto Noticias. 116 legisladores votaron a favor de la aprobación, en segundo debate, del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), acogiendo el texto elaborado por la Comisión de Justicia.
Entre otros, los objetivos de la propuesta son fortalecer la fiscalización y control político; promover mayor eficiencia en el trabajo legislativo; afianzar la institucionalidad de la Asamblea; mayor participación y relación con la ciudadanía; fijar mecanismos que garanticen eficacia de la norma, a través del seguimiento y evaluación de esta; transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y ética en los parlamentarios.
Busca también fomentar la gobernabilidad parlamentaria, en un marco referencial de pluralismo y equidad en la representación y solventar evidentes vacíos de la norma vigente, que otorgue certeza en el accionar parlamentario, según señaló la ponente Ximena Peña, quien preside la mesa de Justicia.
Para el presidente del Legislativo, César Litardo, se ha dado un paso fundamental para transparentar la gestión. Es un hecho histórico para mejorar el funcionamiento de la institución.
Los juicios políticos pasarán a resolución final del Pleno del Parlamento, más allá que los informes de la Comisión de Fiscalización sean favorables o desfavorables. Este organismo tendrá las mismas características que las demás comisiones especializadas. Igual tratamiento merecerán los pedidos de amnistía e indulto.
Según el texto aprobado, se crea el Comité́ de Ética, integrado por cinco miembros permanentes, designados, de manera individual, por el Pleno, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Será renovado cada dos años y funcionará únicamente para el conocimiento y sustanciación de las denuncias sancionadas con destitución; por tanto, no podrá́ actuar de oficio.
Se institucionalizará el modelo de gestión de Parlamento Abierto, como mecanismo para acercar el trabajo parlamentario a la ciudadanía, abriendo espacios de participación en la gestión y rendición de cuentas a los mandantes.
Se reforzará legalmente la figura de participación de asambleísta por un día, que podrá́ realizarse desde las casas legislativas, a través de medios telemáticos, que coordinarán con organizaciones sociales para la difusión de la agenda legislativa, mesas de trabajo, talleres y la recepción de observaciones a proyectos de ley, por parte de la ciudadanía.
En consonancia con varias sentencias de la Corte Constitucional, la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, se reconoce y garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa, que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
Crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley, que será́ complementario al proceso de formación de las leyes; contará con una herramienta tecnológica que permita el registro, archivo y consulta de la información generada.
El proyecto determina la conformación de 15 comisiones especializadas permanentes, con la inclusión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Se divide la de Soberanía en Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Dos comisiones se unificarán en la de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Con fines de profesionalización, establecerá́ una carrera legislativa para los funcionarios, ya sea que tengan nombramientos permanentes o contratos ocasionales. Para ello, fijará planes y programas de capacitación continua.
La discusión de la propuesta, que consta de 135 artículos, se realizó el 11 de febrero, 10, 19 de septiembre y 1 de octubre, en cuyas jornadas intervinieron alrededor de 70 legisladores. La mesa procesó un total de 760 observaciones, de las que el 85 % se incorporó en el documento final.
Fuente: Asamblea Nacional.