La jueza constitucional continuará con el proceso de sustanciación. Presentará un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte Constitucional, quien será quien resuelva la causa.
Punto Noticias. Sin fechas fijas, la sentencia sobre la acción extraordinaria de protección, presentada por Santiago Guarderas, en la Corte Constitucional sobre su inconformidad con el fallo de la Corte Provincial de Pichincha, que devolvió al cargo a Jorge Yunda, podría tardar algunos días, incluso semanas, en conocerse.
La jueza constitucional ponente, Karla Andrade, instaló la audiencia este 13 de septiembre de 2021, que duró más de tres. Allí, Guarderas y su equipo jurídico, así como la defensa de Yunda y los jueces que emitieron las sentencias a favor del alcalde expresaron sus argumentos.
La jueza de primera instancia, María Belén Domínguez, quien aceptó de manera parcial la acción de protección solicitada por Yunda, y dispuso se realice un nuevo informe de remoción, dijo que el caso, así sea por tratarse de un tema político, debe tener imparcialidad.
“Lo que hice fue garantizar esa imparcialidad y el control político de los concejales, diciendo que se continúe el proceso de remoción, pero se realice el informe de Comisión de Mesa con la imparcialidad y las garantías del debido proceso”, acotó.
Marcia Flores, en representación de los jueces de la Corte Provincial, quienes desecharon la apelación de Guarderas y devolvieron a Yunda al cargo, manifestó que su actuación se enmarca en el proceso legal y constitucional, que buscó garantizar el debido proceso.
La defensa de Jorge Yunda, Jorge Zavala Egas, aclaró que nunca se juzgó la parcialidad en la Comisión de Mesa, lo que vulnera los derechos constitucionales del alcalde.
Edison Carrillo, defensa del concejal Fernando Morales, solicitó que deje sin efecto la sentencia dictada por la Corte Provincial y que se califique como error inexcusable lo actuado por Domínguez y los jueces de la Corte Provincial.
Francisco Guerrero, defensa de Guarderas, dijo que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuando revisa un proceso de remoción, debe revisar las garantías del debido proceso, siendo este organismo el que tiene esta competencia. Por lo que cuestionó que se tome la vía constitucional, cuando existe un procedimiento al respecto.
Tras escuchar a todas las partes, la jueza anunció que continuará el proceso de sustanciación y, como jueza ponente, emitirá un proyecto de sentencia al Pleno de la Corte Constitucional, quien será quien resuelva la causa.