En países que cuentan con esta legislación, se registra una disminución en el riesgo materno de mortalidad.
Punto Noticias. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional continuó este lunes 6 de septiembre de 2021 con el trámite para elaborar el informe para primer debate del proyecto de Ley para Garantizar el Derecho a la Interrupción del Embarazo en casos de violación.
La doctora, académica y experta en temas de género y salud reproductiva, Ana Lucía Martínez, informó que la ética médica se ha mantenido inamovible desde 1970 y su comportamiento se basa en la moral. Mientras que la bioética se basa en los avances de la ciencia y propone cambios de estructura en la formación de los profesionales y su relación con los pacientes, enmarcándose en la declaración universal de derechos humanos.
En la bioética, dijo, existe varios principios, como el de la autonomía, en el que existe un reconocimiento y la reivindicación de la libertad en la toma de decisiones y la posibilidad de ejercerla sobre el propio cuerpo.
Mencionó que las personas que se oponen a la despenalización no contempla este derecho, “donde los cuerpos de las mujeres no solo han sido violentadas sino que se genera una obligación a ejercer una maternidad en el contexto de una violación”.
“Que el Estado no garantice el aborto por violación desconoce el principio de autonomía”, recalcó, al precisar que es una decisión voluntaria interrumpir el embarazo en este caso, de manera libre e informada.
Martínez indicó que el establecimiento de los plazos para poder interrumpir el embarazo no puede ser considerado una barrera para el acceso. Explicó que en los plazos que se han manejado en Ministerio de Salud, desde el 28 de abril, cuando entró en vigencia la sentencia de la Corte Constitucional, se ha visto que, en casos de niñas de menores de 14 años, tardan tiempo en identificar la condición de gestación, en comparación con adolescentes y adultas, por lo que no se puede establecer plazos extremadamente bajos.
Considera que debe ser un plazo adecuado, que podría estar de acuerdo a la legislación internacional, entre las 22 y las 24 semanas.
Uno de los nudos críticos en la construcción de esta ley ha sido los requisitos médicos para que la mujer no sea revictimizada y se identifique que sí fue parte de una violación. Para Martínez, no debe ser considerada una barrera estos requisitos. Desde 2019, Salud lanzó la norma de atención a víctimas de violencia basada en género, pero que debido a la pandemia y la falta de presupuesto no ha sido implementada en su totalidad.
“La Corte Constitucional fue muy clara en establecer que no se puede exigir a las víctimas la presentación de una denuncia”, enfatizó Martínez.
La experta aclaró que hay una disminución en el riesgo materno de mortalidad en los países que ya cuentan con una legislación al respecto. En el caso de Ecuador, dijo, hay un aumento de abortos clandestinos que han desarrollado una serie de afectaciones a la salud de mujeres, entre ellas, la muerte materna, que en la última década está en el 74%.
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, recordó que la Constitución no plantea el derecho a la vida desde su concepción e indicó que el aborto es el inicio de un proceso de sanación que el Estado debe acompañar. Considera que la violencia social es un problema estructural que también debe abordarse.
Enfatizó la necesidad de establecer una ley que les devuelva la dignidad a las mujeres, no revictimice y las proteja.
Víctor Álvarez, presidente del Colegio de médicos de Pichincha, argumentó que el proyecto de ley debe analizarse de manera técnica, clara y libre de apasionamientos. Manifiesta que la violencia sexual, aborto y violación son problemas de salud pública.