Un total de 27 personas son procesadas por sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.
Punto Noticias.- La audiencia de juzgamiento en contra de 27 personas por el ataque e incendio al edificio de la Contraloría registrado durante las protestas de octubre de 2019 fue suspendida. La falta de traductores de kichwa y shuar fue la razón ya que la mayoría de los procesados son indígenas.
Los abogados de los 27 procesados asistieron de forma presencial a la audiencia de juzgamiento que se iba a desarrollar en el Complejo Judicial Norte, en Quito, luego que la jueza penal de Pichincha, Ana Guerrón, emitió el auto de llamamiento a juicio por los delitos de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.
El presidente del Tribunal de Juzgamiento, Edmundo Samaniego, suspendió la diligencia debido a que creía necesario contar con la presencia de traductores de la lengua kichwa y shuar. Con ello, quería evitar la violación de cualquier derecho, en virtud de que una buena parte de los procesados son de origen indígena y hablan una de esas dos lenguas ancestrales.
Los 27 procesados detenidos el 12 de octubre de 2019 serían 26 hombres y una mujer, la mayoría mantendría edades no mayores a los 22 años y al menos 25 de ellos tienen origen indígena.
Para Mariana Yumbay, defensora de varios de los acusados, no se ha demostrado que los 27 procesados hayan destruido la Contraloría.
Yumbay dijo que debe existir una investigación de lo que sucedió dentro del edificio de la Contraloría para que se dé con los culpables.
Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., comentó que este tema es de carácter político, pues no existiría en la instrucción fiscal evidencia de que se cometió el delito de destrucción de archivos ni hay una certeza de ninguna participación delictiva de los acusados. Pero la Contraloría sostiene que los implicados fueron detenidos por la Policía en el interior del edificio matriz, en el marco de las protestas en contra del Gobierno de Lenín Moreno que se dieron entre el 3 y el 13 octubre de 2019, ante la expedición del Decreto 883 con el que se pretendía eliminar los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís.
Fuente: El Universo redes sociales