La propuesta de Ley de Defensa de la Dolarización será devuelta, por segunda vez, al Gobierno Nacional.
Punto Noticias. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) NO calificó el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, remitido por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
La iniciativa es inconstitucional, a criterio de la mayoría de integrantes del CAL, por lo que la propuesta será devuelta al presidente de la República.
Votaron por no calificar el proyecto el presidente de la Legislatura, César Litardo (AP), el primer vicepresidente, César Solórzano (BIN), los vocales Ana Belén Marín y Carlos Cambala (AP). A favor de la calificación votaron Cristina Reyes (PSC) y Patricio Donoso (CREO). Se abstuvo Rina Campain (CREO).
La reunión del CAL se llevó a cabo este lunes 01 de marzo de 2021.
El candidato presidencial Andrés Arauz, de UNES, ganador de la primera vuelta electoral, expresó su respaldo a la resolución del CAL.
Como “un triunfo de todo el pueblo ecuatoriano y de los sectores productivos de la Patria, frente a los intereses de unos pocos banqueros”, calificó Arauz, en su cuenta de Twitter, a la decisión del Consejo de Administración Legislativa.
El proyecto de Ley enviado por Moreno que buscaba privatizar el Banco Central ha sido rechazado por ser abiertamente inconstitucional.
Un triunfo de todo el pueblo ecuatoriano y de los sectores productivos de la Patria, frente a los intereses de unos pocos banqueros.
— Andrés Arauz (@ecuarauz) March 1, 2021
La propuesta del Gobierno plantea reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), como parte de los compromisos que adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “poner en orden las finanzas públicas”.
Uno de los objetivos del proyecto, que reforma el Libro 1 del COMYF, es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador (BCE), para evitar que se utilicen las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.
La propuesta legal plantea un directorio del BCE conformado por 5 miembros propuestos por el presidente de la República, que serán nombrados por la Asamblea Nacional.
Las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera, elaborar la programación macroeconómica, entre otras.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera.
La JPRF también estará conformada por 5 miembros propuestos por el Ejecutivo y nombrados por el Legislativo.