Carlos Brunis, presidente de la Federación de Taxis de Pichincha, señaló que si antes se consideraba un problema social la circulación de taxis ilegales en la ciudad, ahora puede convertirse en una catástrofe en caso de que el proceso de regularización se suspendiera, pues los que ya están dentro del trámite adquirieron un vehículo nuevo para prestar el servicio.
“Nosotros no hicimos la ordenanza ni el estudio, lo hizo la Secretaría de Movilidad, el Concejo Metropolitano (…) Y las personas ya se endeudaron (…) No se puede dejar en indefensión a esas personas, ahora que ya compraron nuevos vehículos”, agregó tras los cuestionamientos de supuesta corrupción que ha recibido el proceso.
Brunis reconoció que la ciudad tiene un alto número de taxis y por esa misma razón, recordó que, el gremio se opuso a los proceso de regularización, sin embargo señaló que las autoridades hicieron caso omiso al pedido bajo la premisa del derecho al trabajo, sin darse cuenta que se estaba afectando a la movilidad.
“Y es que aquellos que brindaban el servicio de forma ilegal e informal ya salieron de ese nicho y ahora están ahí otras personas”, lamentó el dirigente al cuestionar que si bien existe el derecho al trabajo, hasta cuándo las autoridades continuarán con estas prácticas.
En ese sentido manifestó que en la actualidad 16.024 unidades están prestando el servicio en Quito, a ello hay que sumarle las 8.693 que ingresarían en este nuevo proceso de las cuales el 10% entrarían a las cooperativas ya constituidas y el resto crearán nuevas compañías de taxis que serán alrededor de 200.
Pese a todo este panorama, Brunis insistió en que no se les puede dejar en la indefensión a aquellos aspirantes que ya se endeudaron para comprar un nuevo vehículo, con la suspensión del proceso de regularización.
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