Un panorama sombrío en la región muestra el nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tras una década de disminución de la pobreza, del 2015 al 2016 aumentó la pobreza y la desigualdad, algo que no tuvo casi variantes en 2017.
En 2014 en la región habían 168 millones de pobres y en 2016 fueron contabilizados 186 millones. Además, la pobreza extrema que afectaba al 8,2 % de la población en 2014, superó la barrera del 10 % en 2016.
De 2002 a 2016 se redujo más de quince puntos porcentuales, indica el informe Panorama Social de América Latina 2017 presentado este miércoles por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en conferencia de prensa en las oficinas del organismo en la Ciudad de México.
También la desigualdad se había reducido considerablemente, aunque los últimos dos años muestran un freno en ese proceso. “La experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos. Y a ese crecimiento han contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los sistemas de protección social”, sostuvo Bárcena.
El Panorama Social 2017 muestra que la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es más elevada entre niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la población que reside en áreas rurales. En 2016, la pobreza afectaba al 46,7% de los niños y adolescentes entre 0 y 14 años y la extrema pobreza al 17%. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años esas cifras eran de 31,1% y 9,5%, respectivamente.
Directamente ligado a la reducción de la pobreza está la ampliación de la población económicamente activa y en blanco, lo que facilita sostener sistemas de pensiones más amplios y que den cobertura a muchas más personas.
Otro problema detectado por la CEPAL es que en 2016 se vio que el 36 % de los perceptores de pensiones recibía montos que los mantenían por debajo de la línea de pobreza.
“El diseño de los sistemas de pensiones es clave para la igualdad de género”, plantea el organismo regional, considerando que actualmente más de la mitad de las mujeres latinoamericanas ocupadas está en sectores de baja productividad y de ellas solamente 1 de cada 5 están afiliadas o cotizan.
El estudio concluye afirmando que la consolidación de sistemas de pensiones universales, solidarios y sostenibles es un objetivo posible y necesario en un pacto social para el desarrollo con igualdad. Muchos gobiernos de la región están haciendo exactamente lo contrario.