El contralor Pablo Celi guarda silencio sobre el contrato de 1,15 millones dólares aprobado por el hermano del presidente, Darwin Moreno, en diciembre de 2017
LOS PERIODISTAS
El examen especial de la Contraloría General del Estado DR1- DPGY-AE-0219-2015, a la gestión de la Gobernación del Guayas, determinó presuntas irregularidades en dos contratos otorgados a la empresa H.D.C. Producciones, de propiedad de Daniel Salcedo, por un valor de 1’375.875 dólares.
Los procesos tuvieron como objeto la contratación de charlas de motivación educativa, logística e implementación del proyecto: “Revolución preventiva con la participación estelar del maestro Raúl Di Blassio, dirigido a jóvenes de diferentes sectores de la Provincia del Guayas”.
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Según el informe, no se justificaron dos pagos en favor de Salcedo por USD 327.645 y USD 46.176 y, además, la comisión técnica no verificó el patrimonio del proveedor, requerido en los pliegos para su calificación.
La Contraloría determinó responsabilidad penal en contra de Salcedo y notificó el informe a la Fiscalía General del Estado, que el 10 de marzo de 2016 inició una investigación por el delito de tráfico de influencias.
Resulta extraño que, a pesar de que la propia Contraloría estableció responsabilidad penal en contra de Daniel Salcedo, dos años más tarde la institución adjudicó un contrato de comunicación a la empresa H.D.C. Producciones, por un valor de USD 1’150.000.
El contrato por Régimen Especial fue aprobado el 20 de diciembre de 2017 por el Coordinador Nacional Administrativo de la Contraloría, Darwin Moreno Garcés, hermano del presidente de la República, durante la gestión del contralor subrogante, Pablo Celi.
Existen hechos que llaman la atención, a más de que la Contraloría haya establecido indicios de responsabilidad penal, anteriormente. En el mismo año, la institución adjudicó otros tres contratos de comunicación, por USD 230.000, USD 350.000 y USD 800.000, a otros proveedores.
La etapa precontractual del proceso en favor de Daniel Salcedo se desarrolló en apenas 6 días. En ese tiempo se realizaron estudios de mercado, términos de referencia, pliegos, resolución de inicio, certificación presupuestaria, resolución de adjudicación y otros documentos.
Además, el 12 de diciembre se modificó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al año 2017.
En los requisitos que constan en los términos de referencia, se establece que el gerente de la empresa contratada cuente con título de tercer nivel en comunicación, registrado en la Senescyt, lo cual Salcedo no cumple, de acuerdo a la verificación realizada.
Para este proceso se invitaron a las empresas Smartsocial y MCV Publicidad, pero curiosamente ninguna presentó oferta, por lo que se escogió a H.D.C. Producciones C.A.
Smartsocial fue constituida cuatro meses antes del inicio del proceso. Es decir, se invitó a un oferente que de antemano se sabía que no cumple con la experiencia exigida.
En el contrato y en los términos de referencia, no se especifican cantidades ni detalles técnicos de los productos contratados. Se señalan de manera general diseños de campañas, elaboración de piezas y servicios comunicacionales.
El contrato se ejecutó entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2018, y el acta de entrega recepción definitiva fue suscrita el 13 de febrero de 2019.
En las actas provisionales y en la definitiva, no se detallan valores específicos de los productos pagados, excepto en el mes de febrero en el que consta un valor de USD 8.552 por la publicación de anuncios en los diarios El Comercio, El Universo, La Hora, El Telégrafo, Expreso y El Mercurio.
Constan ocho facturas con valores de USD 78.400 en febrero; USD 30.377 en abril; USD 17.920 en mayo, USD 98.560 en julio, USD 39.639 en octubre, USD 91.790 sin fecha, y dos en diciembre por USD 420.142 y USD 332.153.
En el último mes se efectuaron cobros por casi el 70% del valor total del contrato, sin especificarse cuales fueron los productos realizados en diciembre.
Sobre este contrato no ha existido ningún pronunciamiento del contralor subrogante Pablo Celi.