En una nueva publicación,
analiza cómo las organizaciones criminales se han infiltrado en la justicia en Ecuador.
En el llamado Caso Metástasis se reveló que algunos jueces, supuestamente, fueron comprados por abogados de narcotraficantes como Leandro Norero. En los chats encontrados en sus teléfonos se muestra que algunos recibieron miles de dólares para retrasar audiencias y dejar libres a criminales. Insight Crime analizó cómo el sistema judicial ha sido utilizado.
Así, esa organización entrevistó a Pablo Punín, experto en justicia penal y constitucional. Con él conversó sobre el mal uso de las garantías jurisdiccionales.
Entrevistado por Anastasia Austin, de Insight Crime, Punín señaló que:
«Las personas que tienen poder dentro de la prisión logran conseguir certificados médicos falsos y como saben que algunos jueces están al tanto de esta carencia de recursos en los centros de detención, se aprovechan y abusan de estas garantías. Aquí yo pude evidenciar que lamentablemente algunos presos que eran miembros de bandas vieron que esto estaba ocurriendo y comenzaron a beneficiarse de ello».
En ese contexto, Pablo Punín recordó que en un solo caso, una jueza liberó a más de 50 personas. «Liberar a 50 condenados por delitos como asesinato, violación o crimen organizado es muchísimo».
Cuando el crimen organizado se infiltra en el sistema judicial a través de amenazas y de corrupción, «de plata o plomo», dice Pablo Punín, lo que logra es generar un sistema de justicia paralelo.
Así, explica que es como si hubiera leyes que rigen a todos los ciudadanos, y por otro lado, un sistema judicial, que rige para los criminales. De esa forma utilizan a jueces para que se apliquen las leyes a su manera. «Pese a que son las mismas leyes, ellos las utilizan de una manera para la cual nunca estuvieron diseñadas y que no están dentro del marco legal».
El especialista Pablo Punín recordó el caso de Daniel Salcedo, quien buscaba ser trasladado a la Cárcel 4, mientras se encontraba en la de Cotopaxi. Aunque en estos días fue trasladado a La Roca.
«Salcedo alegó que tenía ciertas enfermedades, fallas dentro de su organismo que requerían un tratamiento médico. Él estaba cumpliendo su pena en Quito, en una cárcel que es conocida como el centro VIP, en la cual se pone a los delincuentes que quieren tener un tratamiento mejor. Mientras cumplía su condena, presentó habeas corpus en Manabí, que es una de las provincias donde los Tiguerones, las Águilas y Los Choneros tienen presencia. Entonces, Bonilla presentó unos supuestos certificados médicos, los cuales el SNAI inclusive desmintió y pese a todo ello, el juez le concedió libertad a través de esa garantía jurídica».
La entrevista completa de Insight Crime.
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