Alí Lozada Prado será la jueza constitucional a cargo
Punto Noticias. La Corte Constitucional da trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo sobre el acuerdo del Ministerio de Defensa que regular el uso progresivo de armas letales durante manifestaciones o protestas.
Días atrás, el ministerio de Defensa emitió el «Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas» en situaciones de resistencia social interna, que contempla el uso progresivo de la fuerza por niveles, hasta llegar a la «resistencia agresiva agravada», que permite el uso de armas letales.
La Defensoría del Pueblo explica que tiene omisiones constitucionales y legales, como en lo establecido en el artículo 5, que faculta el uso de la fuerza “durante el desarrollo de las operaciones militares, cuando las circunstancias así lo exijan y/o durante un estado de excepción”; y, de igual forma, el artículo 7, literal a, que faculta a las Fuerzas Armadas al uso de la fuerza: “1. Ante reuniones, manifestaciones, disturbios internos y otras situaciones de violencia interna, que deriven en grave conmoción interna o calamidad pública; previa declaratoria del estado de excepción que disponga el empleo de Fuerzas Armadas”.
Por lo que piden expulsar el acuerdo del ordenamiento jurídico y determinar responsabilidades por su emisión, por ser inconstitucional, al no enmarcarse en la protección de los derechos humanos de las personas y que, más bien, dota a las Fuerzas Armadas de un instrumento para el uso de la fuerza.
El acuerdo se emitió en una serie de manifestaciones que se generaron en Ecuador, en varias ciudades, en rechazo a las últimas medidas económicas anunciadas por el Presidente Lenín Moreno, el desempleo y la insuficiente respuesta del Gobierno a la pandemia del COVID-19.
La Corte Constitucional tramita varias acciones de inconstitucionalidad de Decretos Ejecutivos y acuerdos ministeriales emitidos durante la emergencia sanitaria. Uno de ellos, por el recorte a los recursos de la educación superior, por la suspensión del programa Bachillerato Internacional y, ahora, por la regulación del uso progresivo de la fuerza de los militares.