Desde el Gobierno, sus representantes insisten en que no es un recorte, sino una optimización de recursos
Punto Noticias. Tras la aceptación a trámite de la acción de inconstitucionalidad presentado por la Unión Nacional de Educadores (UNE), este jueves 18 de junio de 2020 la Corte Constitucional inició la audiencia pública para escuchar los argumentos de los demandantes y de los representantes del Gobierno sobre el recorte presupuestario a educación durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Esta mañana, se instaló la audiencia de manera virtual y la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, insistió ante la jueza constitucional a cargo de la causa, Daniela Salazar, que la reducción del presupuesto afecta a varios programas como alfabetización, uniformes, textos, alimentación escolar, entre otros. escuchemos
Por su parte, Gonzalo Lascano, representante del ministerio de Finanzas, aclaró que “no hay un recorte en la educación, sino una optimización de gastos” y una reprogramación de los rubros que, debido al COVID-19, no se usan en este sector. Escuchemos
Karola Samaniego, de la Procuraduría General del Estado, señaló que la presente causa no ha sido objeto de la declaratoria de constitucionalidad. Además, reiteró que el ministerio de Finanzas hizo una racionalización de recursos para dar una estabilidad económica. La circular en la que se recorta el presupuesto, dijo, no es solo para educación, sino para todo el sector público.
La audiencia continúa con los argumentos de los representantes de la Presidencia y las demás partes interesadas en la causa.
La semana anterior se realizó una audiencia pública de una acción de incumplimiento por el recorte presupuestario a las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas. Al momento, la jueza Carmen Corral prepara el texto de su resolución.