Mientras se suceden las manifestaciones en Perú contra el indulto al genocida Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le pidió al Ministerio de Justicia del país toda la documentación sobre el indulto y la gracia presidencial que le fueran otorgados al criminal de lesa humanidad, Fujimori. El plazo vence el 29 de enero.
El ministro de Justicia del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, Enrique Mendoza, es quien debe aportar la documentación al tribunal internacional, habiéndose negado hasta el momento a entregar una copia de esa documentación a la Defensoría del Pueblo. La excusa sobre la información reservada de la salud del exautogolpista ha sido utilizada para que ese expediente no forme parte de la audiencia que tendrá lugar el próximo 2 de febrero, donde expondrán sus alegatos de las partes de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.
Fujimori había cumplido solo 12 de los 25 años a los que fue condenado cuando para navidad el presidente Kuczynski firmó su salida de prisión a una detención domiciliaria humanitaria, contradiciendo sus promesas de campaña, lo que ha generado una ola de protestas sin precedentes en el Perú.
La negativa del ministerio de Justicia a aportar copias del expediente sobre el indulto, levanta enormes suspicacias entre los organismos de derechos humanos y siembra dudas sobre la decisión tomada en carácter “exprés” y luego de una votación en el Parlamento donde la bancada del hijo del dictador permitió que Kuczynski mantuviera el cargo.
De hecho, Roger Rodríguez, ex director de Derechos Humanos del Minjus, dijo que la Comisión de Gracias actuó contra lo que dice su propio reglamento al no visitar a Fujimori para constatar las condiciones en las que se estaba, y reiteró que el autócrata no tiene las condiciones de salud para que haya sido indultado por razones humanitarias, señalaba Resumen Latinoamericano.