Empeorará la situación de los niños y sus familias y provocará despidos, que afectarán los derechos de los trabajadores, advierte.
Punto Noticias. En este 1 de junio, Día del Niño en Ecuador, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante la decisión tomada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de cerrar los servicios de atención a la infancia, denominados Guagua Centros.
Estos centros están destinados al cuidado integral de niños y niñas, de 1 a 5 años de edad, donde personal especializado brinda atención a esta población vulnerable y a sus familias.
A criterio de la Defensoría del Pueblo, el cierre de los Guagua Centros reviste mayor gravedad en medio de la pandemia de COVID-19, que empeora la situación de niños y niñas y sus familias, así como del personal técnico que labora en estos lugares.
Ante esta circunstancia, la entidad defensora de los derechos humanos exhorta a las autoridades del cabildo capitalino para que la decisión del cierre de los Guagua Centros sea revisada y, con ello, se cumpla la obligación de precautelar la garantía de los derechos a la vida, integridad y supervivencia de niños y niñas que reciben atención y cuidado en estos lugares, lo cual, además, incluye el cumplimiento de los acuerdos preexistentes de entrega de recursos para la atención a toda la población beneficiaria de este programa.
Insta a las autoridades del Gobierno Nacional para que los recortes presupuestarios no afecten a los servicios públicos sociales, que atienden las necesidades de la población y los grupos de atención prioritaria.
Llama al Ministerio de Trabajo para que, en aplicación de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial del Trabajo, en el contexto de la emergencia sanitaria mundial, impida los despidos y la afectación de los derechos de las mujeres trabajadoras.
La Defensoría del Pueblo, reitera que el cierre de los Guagua Centros también evidencia la injusta organización social de los cuidados, desde un enfoque de género. De acuerdo con los criterios técnicos de la CEPAL, el cierre de este tipo de servicio público supondría la sobrecarga del tiempo de cuidado de las familias, especialmente, de las mujeres, quienes, en su mayoría, se dedican al trabajo doméstico no remunerado.
Alerta que, ante una decisión que perjudica a un sector vulnerable de la población, es deber de las entidades del Estado, realizar mayores esfuerzos para garantizar sus derechos, a través de servicios públicos óptimos y de calidad.
“Es lamentable evidenciar que los servicios públicos dependan de programas coyunturales y no de una política pública, que atienda de forma estructural las obligaciones de cuidado, prevención y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, desplazados/as, refugiados/as y demás grupos de atención prioritaria”, señala el comunicado oficial.