“Representa un fraccionamiento interno del tejido social, cuyo resultado propende a que la colectividad olvide los hechos funestos provocados por la empresa”, dice la entidad
Punto Noticias. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el acuerdo firmado, el pasado 15 de agosto de 2019, por Furukawa con Walter Dionicio Sánchez Ramos, representante de uno de los grupos de extrabajadores de la empresa. Explican que “se pretende excluir a muchas víctimas del proceso de esclavitud moderna” y no se busca una reparación integral a todas las víctimas.
Explican que con el contrato firmado se entrega en comodato o préstamo de uso por tres años y seis meses, las tierras de propiedad de Furukawa.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, expresó su malestar y explica señala que es fundamental que se genere una reparación integral desde la empresa a todas las personas afectadas.
Recuerda que el pasado 18 de febrero de 2019, emitieron un primer informe, en el cual, se estableció la vulneración de derechos de las personas que habitaban las haciendas de propiedad de la empresa, bajo un contexto de explotación y como resultado de omisiones históricas de control de las entidades del Estado.
El 5 de abril, en el informe de seguimiento, indican que no han existido acciones adecuadas para cumplir las necesidades de los afectados. Por ello, considera urgente la implementación de medidas como la expropiación de tierras para ser entregadas a las víctimas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 103 literal g de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; la respectiva disculpa pública por parte de las más altas autoridades del Estado para remediar la omisión y desatención ocasionada por más de 50 años; y, el otorgamiento de beneficios socioeconómicos para que las y los afectados continúen su proyecto de vida.
Además, señalan que cualquier medida adoptada debería contemplar a la totalidad de los extrabajadores y sus familias. “Es preciso comprender que la empresa tendrá como objetivo generar a su favor un proceso de negociación a través del fraccionamiento de las víctimas, lo cual ha creado una serie de distorsiones que afligen directamente a las personas afectadas; producto de ello, se evidencia en la renuncia de acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole”, dice la entidad.
Exhortan a la Fiscalía General del Estado a asumir la investigación penal iniciada, de manera seria y con una perspectiva de derechos humanos.
Fuente: Defensoría del Pueblo