Punto Noticias.- El Frente de Defensa de la Amazonía denunció que hay acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno, el Fondo Monetario Internacional y Chevron-Texaco, para ocultar el crimen que significó la contaminación ambiental y beneficiar al responsable de este crimen.
Solo así se explica que el régimen de Moreno quiera remediar, con plata del Estado, a pesar de la crisis económica que vive el país, a decir de Medardo Shingle, uno de los miles de afectados por la contaminación petrolera de Chevron. La remediación integral costaría 100 mil millones de dólares.
Shingle considera que es evidente el acuerdo del gobierno con el FMI, para liberar de toda responsabilidad a Chevron-Texaco, a cambio de los préstamos que le concede, a pesar de que es la transnacional, responsable de la contaminación, la que debe remediar los perjuicios causados a la naturaleza y a la salud de los habitantes de la Amazonía.
A criterio de Agustín Salazar, abogado del Frente de Defensa de la Amazonía, el gobierno nacional debería preocuparse en coadyuvar para lograr que Chevron-Texaco cumpla con el pago de los nueve mil millones de dólares, para remediar los daños provocados, como ordena la sentencia judicial. Si el Estado ecuatoriano entra a remediar enviaría un mensaje negativo: que Chevron-Texaco no tiene ninguna responsabilidad en la remediación ambiental.
Rafael Pandam, dirigente de la nacionalidad Shuar e integrante del Frente de Defensa de la Amazonía, advirtió que no permitirán que el Estado, con maquinaria ecuatoriana y recursos del pueblo ecuatoriano, realice una labor que le corresponde a Chevron-Texaco.
Los integrantes del Frente de Defensa de la Amazonía anunciaron que denunciarán ante los organismos internacionales de derechos humanos la actitud del gobierno ecuatoriano, que pretende desconocer los daños causados por Chevron-Texaco, con la explotación petrolera.
Hicieron un llamado a la Fiscalía General y Procuraduría para que tomen las acciones necesarias que obliguen a la transnacional a cumplir con la sentencia judicial, que le sancionó a pagar nueve mil millones de dólares para la remediación ambiental, que ahora se incrementó a 12 mil 500 millones de dólares.