Dos de sus integrantes solicitaron retirarse, porque deberán conocer el recurso de apelación interpuesto por el exvicepresidente Glas.
Punto Noticias. Debido a que deberán resolver el recurso de apelación interpuesto por el exvicepresidente de la República Jorge Glas, los jueces Iván León y Dilza Muñoz se inhibieron de integrar el tribunal de juzgamiento del caso Singue.
Esta decisión de los magistrados fue notificada a su colega Wilman Terán, tercer integrante del tribunal y único hábil para conocer la audiencia de juicio.
León, Muñoz y Terán, por resolución del Consejo de la Judicatura, fueron designados para asumir los despachos de los jueces nacionales Miguel Jurado, Luis Enríquez y Sylvia Sánchez, que dejaron el cargo por no aprobar las evaluaciones.
Sánchez y Jurado, el 13 de mayo de 2019, conjuntamente con Daniella Camacho, fueron elegidos para integrar el tribunal de apelación que conocería el recurso interpuesto por Glas.
Mientras tanto, el 27 de diciembre pasado, mediante sorteo, se designó el tribunal de juicio, integrado por los jueces Iván León, Wilman Terán y Dilza Muñoz.
León y Muñoz no pueden ser parte del tribunal de juzgamiento, porque deberán tramitar la apelación del exvicepresidente.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) notificó oficialmente de la novedad a las partes, este miércoles 4 de marzo de 2020, para que resuelvan las respectivas solicitudes. Si la Corte acepta la inhibición, se debería conformar un nuevo tribunal, teniendo en cuenta que el juez Terán continúa dentro del caso.
La providencia explica que la determinación se la realiza sin necesidad de declarar nulidad alguna y disponiendo que, conforme a la norma, se oficie al juez Wilman Terán para que a su vez oficie a las instancias pertinentes, para que se dé el sorteo de los conjueces nacionales que reemplacen a quienes se han inhibido y se conforme adecuadamente el tribunal.
El presunto delito que se investiga en el caso Singue es peculado. Fueron llamados a juicio el exvicepresidente Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, y Wilson Pástor, y otras doce personas.
Según la teoría de la Fiscalía, en la adjudicación del campo Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) se habrían cometido irregularidades.
Fiscalía sostiene que se incumplieron requisitos legales y reglamentarios de la licitación y a pesar de esos incumplimientos, por parte de la empresa oferente, se llegó a calificarla y adjudicarle el contrato.
Un examen realizado por Contraloría a esa contratación determinó un perjuicio para el Estado, hasta el momento del análisis, de más de 5 millones de dólares, pero Fiscalía cree que el perjuicio llega a 28 millones 500 mil dólares, debido a que la explotación petrolera continúa y el Estado recibe una tarifa injusta.
Fuente: El Universo.